Faltan 15 días para cumplirse el plazo que dio el Cabildo sobre el paro indefinido y aún no hay miras de diálogo

El tiempo avanza hacia el plazo que fijó el Cabildo en Santa Cruz para que se apruebe un decreto supremo en el que se disponga la realización del Censo para 2023, caso contrario, desde el 22 de octubre se iniciará un paro indefinido en el departamento.

A falta de 15 días para que se cumpla esta advertencia, han habido manifestaciones de ambos lados, tanto del Comité Interinstitucional y el Gobierno nacional, que demuestran posiciones aún encontradas y con casi nada de coincidencias respecto al trabajo conjunto para solucionar este conflicto.

“Está en sus manos evitar el paro indefinido”, dijo el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, que también es representante del Comité que impulsa el Censo para el próximo año.

La Iglesia Católica, a través del vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, pidió al Ejecutivo nacional que insista con el diálogo con el fin de evitar el paro indefinido y otras medidas que fueron anunciadas en el Cabildo del pasado 30 de septiembre.

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“Ojalá que este conflicto social no crezca y que en estos días se instale una mesa de diálogo. Es el Gobierno el que tiene que buscar a los entes en conflicto para escucharlos y buscar alguna alternativa. Ojalá que no se llegue al paro indefinido”, señaló Centellas.

En conferencia de prensa el ministro de Planificación Sergio Cusicanqui, hizo un llamado de reflexión e insistió que el Comité Interinstitucional debe asistir a la convocatoria para instalar las mesas técnicas para el 11 de octubre e intercambiar criterios, además de dar el espacio para que se explique la propuesta cruceña sobre el cronograma censal.

Mientras que el vocero presidencial, Jorge Richter, a inicio de semana tildó de capricho la postura de la institucionalidad cruceña “que llevará a implementar un censo absolutamente inservible”, pese a que también los conminó a mostrar los respaldos técnicos de la propuesta.

“Ellos deben asistir, no a dar examen, como dice el señor (Vicente) Cuéllar, si no a dar una explicación, y no requiere de mucho esfuerzo, porque son solo dos hojas (de su propuesta)”

Al respecto el coordinador del Comité impulsor del Censo, Manfredo Bravo, criticó que Richter tome una postura política, cuando el debate debe ser técnico y lo que buscan es exponer las observaciones que se ha hecho llegar a la propuesta y cronograma que maneja el Gobierno a través del INE.

De acuerdo al análisis de Paúl Coca, el Gobierno debe reunirse las veces que sea necesario para evitar confrontaciones, pero no solo hacerlo en La Paz, sino asistir a las regiones en donde se reclama su presencia para buscar soluciones.

Como condicionante para asistir a la reunión del 11 de octubre, el Comité puso como condicionamiento que se abrogue el decreto que fija la ejecución máxima del Censo para mayo o junio de 2024, pedido que ha sido respondido por el ministro Cusicanqui que señaló que “un escenario de diálogo tiene que darse sin cuestionamientos”.