Exministros de Evo denuncian presunto sobreprecio en compra de diésel por $us 723 millones

Los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, ambos del gobierno de Evo Morales, presentaron este lunes una denuncia por presunto sobreprecio en compras de diésel realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a una empresa chilena, donde haría un sobreprecio de $us 723,4 millones, de acuerdo con la denuncia.

Estas exautoridades expusieron que estas compras se dieron entre enero de 2022 y marzo de 2023, tomando datos de la Aduana para demostrar que hubo sobreprecio en las compras realizadas por la petrolera estatal.

Para apuntalar la denuncia, la exministra expuso que una empresa minera importó por kilo de diésel $us 1,17 el precio FOB (transporte marítimo) en marzo de 2022, mientras que YPFB los hizo a un precio por kilo de $us 1,6.

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“No señores, estos son datos verdaderos, datos de la bases de datos de Aduana. $us 723,4 millones en 15 meses. Este es uno de los caminos y otro es la importación excesiva”, apuntó la exministra de Desarrollo Productivo, al exponer nuevas pruebas y señalar que anteriores denuncias fueron ignoradas por el Gobierno de turno, al que acusó de dar conferencias de prensa para mentir y “salir por la tangente”.

Morales recordó que al presentar denuncias contra la actual administración estatal fueron procesados penalmente y acusados de querer desestabilizar a la gestión de Luis Arce Catacora, pero esta vez no solo sentarán denuncia ante el Ministerio Público, sino que también acudirán a instancias internacionales.

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El exministro de Gobierno manifestó que esperaba que la Fiscalía actúe de oficio ante las denuncias, pero ahora por iniciativa propia se trasladarán a Sucre para impulsa los oficios penales, así como también resaltó que organismos del exterior atienden estos temas relacionados a “legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero”.

Romero sostuvo que tanto funcionarios de YPFB como del Ministerio de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deben ser investigados por esos presuntos hechos de corrupción.

Desde la administración central la respuesta no se hizo espera y fue la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, quien señaló que toda denuncia debe sentarse en las instancias correspondientes, ya que se deben tomar con seriedad y responsabilidad, es decir, “no solo dejarlo como un tema mediático.

Alcón aseguró que el Gobierno está sujeto a cualquier fiscalización y en su momento el Ministerio de Hidrocarburos hará su descargo sobre los proceso de compra que realiza YPFB en lo relacionado a combustibles.

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