Elecciones judiciales en suspenso hasta que el TCP dicte fallo final sobre el reglamento

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) informó este viernes que la aplicación del reglamento de preselección de los candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y todos los actos emergentes del mismo ha quedado suspendida hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dicte el fallo sobre la constitucionalidad de la convocatoria.

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El TCP decidió el jueves suspender de forma provisional el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación, en elecciones, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, luego de admitir una acción de inconstitucional abstracta presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien pidió que se apruebe una ley para realizar esta labor.

“A lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado II.4 del presente Auto Constitucional; por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación de la R.A.L.P. 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 y todos los actos emergentes de esta, incluyendo el Reglamento y la Convocatoria de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023), hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa, dicte la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional”, cita parte del auto constitucional 0186/2023-CA emitido este jueves.

Ayala demandó la “inconstitucionalidad” de la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 por “ser presuntamente contraria a los artículos 1, 7, 11.I, 109.II, 144.II.1 y 2, 145 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

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Esta es la segunda resolución de la Asamblea Legislativa que es objetada por la justicia y, en consecuencia, paraliza el proceso de preselección, pero en el caso anterior la Asamblea optó por anular el reglamento y aprobar uno nuevo.

La paralización del proceso ha puesto en riesgo la realización de las elecciones judiciales, programadas originalmente para finales de octubre de este año por el Tribunal Supremo Electoral, instancia que ha advertido que los plazos son cada vez más ajustados para que se cumpla con lo que señala la normativa.