El Gobierno “está muy conforme” con la prórroga de magistrados” porque usa el TCP como “arma política”, señala analista

La “autoprórroga” de los magistrados ha generado un remezón en la ámbito político. Para el periodista y analista Andrés Gómez, el Gobierno “está muy conforme” con esta situación porque usa el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como una “arma política” contra sus detractores.

En ese marco, consideró que urge un acuerdo nacional que defina mecanismos para acelerar los comicios judiciales y frenar la prórroga de los letrados, pero además para “buscar una salida política a la crisis económica que la gente siente”.

En su criterio, este escenario se generó en parte por los conflictos internos en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las oposicipones, pero también porque “estamos incumpliendo ese desafío de acordar para poder tener como país un sistema judicial”.

“A mí me da la impresión que fue todo muy bien articulado para evitar las elecciones. El ministro de justicia Iván Lima dijo que los magistrados prorrogados no van a ser cambiados hasta que haya una elección judicial”, sostuvo.

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¿Ve al gobierno usted urgido por apurar los plazos para realizar esta elección judicial o no?

“Pienso que el Gobierno está muy conforme con los autoprorrogados”, afirmó Gómez.

¿Qué gana el Ejecutivo con la prórroga? “Gana, por ejemplo, lo que hemos visto, aunque lo ha hecho en su periodo legal, utilizar el Tribunal Constitucional como un arma política para anular a sus rivales”.

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En su criterio, “anuló a Evo Morales, aunque la Constitución dice otra cosa. Anuló a Camacho, y puede ir a anular a cualquier otro, porque ha convertido el Tribunal Constitucional en un arma política”.

Gómez consideró que el Ejecutivo “quiere mantener el control del sistema judicial, de jueces, fiscales, justamente para dar el barniz de democracia, para dar el barniz de que lo está haciendo legalmente, cuando en realidad hay fiscales y jueces que obedecen al partido de Gobierno en casos estrictamente políticos”

“De otro modo no se explica, por ejemplo, que gente como César Apaza esté preso sin que haya cometido un solo delito”, afirmó.

En medio de este conflicto trascienden asuntos económicos que también son clave para un Estado, por ejemplo, que el país se quedé sin reservas internacionales por la pelea política, la Asamblea Legislativa no está aprobando créditos y los pequeños empresarios están reclamando dólares con marchas callejeras.

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¿Están los políticos pensando en las necesidades de la ciudadanía o no?

Gómez consideró que “los últimos hechos nos están dando a entender que cada fuerza política está empezando a pensar en sus intereses”, aunque tienen una premisa común: el rechazo a los magistrados “autoprorrogados” y el uso político del Gobierno de este caso.

Contra el Gobierno

“El Gobierno está confiando en que estas fuerzas, o que la animadversión de una parte de las fuerzas políticas hacia Evo Morales, va a impedir que se unan”, señaló.

“Pero puede que, en cualquier momento, se unan, porque de hecho ya están caminando por la misma senda, con métodos diferentes, movilizaciones en las calles, anuncios de bloqueos, una carta a organismos internacionales, pero les está uniendo en un objetivo común y eso yo creo que tarde o temprano puede afectar al Gobierno”, añadió.

Pacto

¿Es posible un pacto político que destrabe esta situación?, ¿qué tiene que suceder?

Gómez afirmó que “la democracia esencialmente ha nacido como un sistema de acuerdos, y debería pensarse en un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas, primero para acelerar las elecciones judiciales”, pero además para suspender la prórroga de los magistrados.

Este pacto debe contemplar no solo esos temas, sino también contemplar “la crisis económica y la falta de dólares”.

“Debería hacerse un gran pacto con diferentes puntos para que nos demuestren nuestros representantes que están pensando en nosotros (...) la representación se materializa cuando realmente nuestros representantes actúan pensando en los intereses de la gente”.

En ese marco, el analista consideró que el ministro de Justicia, Iván Lima, uno de los más cuestionados por avalar la autoprórroga, debe “comandar este pacto, pero no en función solamente de la mirada del Gobierno, sino pensando en el país de aquí a 10 o 20 años”.

Sin embargo, este proceso debe estar alejado del “uso” de los magistrados como “arma política”.

“Porque lo que haces hoy, lo pueden hacer mañana. Lo que hizo Evo Morales está sufriendo ahora Evo Morales. Entonces, vamos a entrar en un círculo de venganza, de contravenganza y eso no está bien”.

En suma, este acuerdo político debe “buscar una salida política a la crisis económica que la gente siente”.