“El comandante de la Policía, se ha comprometido a no reprimir a la población”, asegura Calvo

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, llegó hasta las dependencias del Comando Departamental de la Policía, acompañado de parlamentarios de Chile y España para reunirse con las autoridades policiales en relación a la violencia y represión que se suscitó en los últimos días en contra de la población.

Tras la reunión con el comandante de la Policía, Jhonny Chávez, y subcomandante, Edson Claure, el líder cívico afirmó que existe un compromiso para ya no reprimir a la ciudadanía durante las protestas.

“Hemos conversado con el comandante de la Policía, se ha comprometido a no reprimir a la población, a dejar manifestarnos en nuestro derecho constitucional que es estar en las calles”, declaró Calvo.

El cívico recordó que como cruceños se encuentran en emergencia y que tienen una “tarea” debido a la aprehensión y posterior detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Junto a Calvo se encontraban los parlamentarios internacionales que también estuvieron presentes en la reunión, y quienes manifestaron su preocupación por la situación en Bolivia.

“Víctor González, de España, y Luis Fernando Sánchez, de Chile, también están preocupados por lo que estamos viviendo aquí en Bolivia, por la persecución, el secuestro de nuestro gobernador, porque nos están quitando las libertades, la democracia”, agregó.

El anuncio se realizó en presencia de una gran cantidad de mujeres y autoridades que participaron de una marcha desde la plaza 24 de Septiembre hasta las puertas del Comando policial exigiendo la liberación del gobernador cruceño.

Sin embargo, por su parte, la asambleísta Paola Aguirre exigió la presencia del comandante Chávez, para que con sus propias palabras, se comprometa a no gasificar a los jóvenes y ciudadanos que protestan en las calles.

Santa Cruz cumplió el domingo la cuarta noche de enfrentamientos entre la Policía y personas que rechazan la detención de Luis Fernando Camacho, detenido e imputado por el presunto delito de terrorismo, debido a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia el 2019, tras detectarse un fraude electoral ese año, confirmado por una auditoría de la Organización de Estados Americanos.