“Decisiones sobre personal de Cancillería se enmarcan en la Ley”, la respuesta a la denuncia de diplomáticos

Después de que diplomáticos de carrera despedidos por el Gobierno de turno presentaran una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca una reparación de $us 7 millones, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron una respuesta en la que alegan que la justicia constitucional resolvió que decisiones sobre personal de Cancillería se enmarcan en la Ley.

“Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia procedió de acuerdo a las leyes en vigencia para desvincular a funcionarios que fueron designados por libre nombramiento, que no tenían un estatus de servidores con carrera institucional”, informó el director Jurídico de Cancillería, Bernardo Ortiz la tarde de este lunes.

El ejecutivo apoyó estas declaraciones presentando los fallos SCP N° 1189/2022-S4 de 19 de septiembre de 2022 y SCP N°1258/2022-S4 de 26 de septiembre de 2022, del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que resaltó que las desvinculaciones se realizaron tomando en cuenta la situación particular de cada persona.

Según la denuncia presentada ante la CIDH, más de 100 diplomáticos de carrera fueron despedidos hace más de dos años, sin un proceso justificado y siendo prácticamente a una “muerte civil”, porque desde ese entonces no tienen trabajo en ninguna institución pública ni organismos especializados, puesto que estarían marcados en “listas negras”.

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Sin embargo, el vocero de los diplomáticos, Javier Vizcarra, señaló que la demanda no es por un tema de “espacios laborales, sino para mostrar cómo se ha vulnerado la carrera diplomática en Bolivia y cómo hemos dejado indefenso al país en su relacionamiento internacional”.

Mientras tanto, desde la Cancillería sostuvieron que los diplomáticos tienen la libertad de acudir a todas las instancias jurídicas, sean nacionales o internacionales, para poder hacer valer sus derechos consideran que fueron vulnerados.

Además, el reporte de Relaciones Exteriores advierte que la CIDH acepta demandas contra Estados por supuesta vulneración de derechos, no en contra de personas individualizadas y que, ante esto, Bolivia responderá de manera oportuna.

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Esto último se refiere a que la denuncia se da contra el actual canciller Rogelio Mayta; el director administrativo de la Cancillería, Fernando Magnani; los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, entre otros.

“En Cancillería no existen servidores públicos con carrera diplomática. En la actual gestión se está trabajando en un escalafón diplomático que sea inclusivo y pueda dar la oportunidad a cualquier ciudadano o ciudadana de trabajar por su país en el servicio exterior o en las oficinas centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores”, concluyó el director Jurídico.

En días pasados, desde su exilio en Alemania, se conoció también que la excanciller Karen Longaric denunció ante la CIDH una “persecución política y acoso judicial” por parte de las autoridades de turno, enumerando una serie de procesos penales que tienen en su contra y que trae consigo la orden de su aprehensión y el congelamiento de sus cuentas.

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