Creemos denuncia que sentencia del TCP sobre suplencia temporal es una estrategia del Gobierno

Parlamentarios de la bancada de Creemos denunciaron que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la suplencia temporal en la Gobernación cruceña que debe ser asumida por el vicegobernador Mario Aguilera es una estrategia ilegal e inconstitucional que tiene por detrás al Gobierno central

“El gobierno de Luis Arce Catacora, finalmente, ha demostrado las razones por las que no quiere que se cumplan las elecciones judiciales, es para seguir usando a magistrados del TCP autoprorrogados, corrompidos y prevaricadores”, señaló el diputado Erwin Bazán.

Desde el punto de vista del legislador, la resolución del TCP del 29 de diciembre es un golpe al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no está muerto, ni incapacitado ni desaparecido, ni tiene sentencia ejecutoriada respecto a los procesos que pesan en su contra, sino que se encuentra privado de locomoción por la detención preventiva que pesa en su contra.

“Luis Arce pretende desconocer el voto de los cruceños que eligió a su primera autoridad, su líder político, con el 55 % del voto popular. Esa afrenta no la vamos a permitir”, manifestó Bazán, por lo que consideró que la actual administración estatal ha perdido toda credibilidad, toda legitimidad y lo poco de legalidad que le queda.

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La ley 293 de regulación de la ausencia temporal e impedimento definitivo de la gobernadora o gobernador del departamento de Santa Cruz no fue contemplada por el TCP y entre las causales no reseñan la detención preventiva, según Bazán, por lo que la resolución no puede estar por encima de la normativa vigente.

A su turno, el diputado Walthy Egüez también refirió que la sentencia constitucional 1021/2023 está vinculada a una acción del MAS, remarcado que es ilegal y plenamente inconstitucional.

“Esta acción constituye un nuevo atentado contra la democracia y el Estado de Derecho”, apuntó Egüez, al advertir que el Gobierno departamental de Santa Cruz cumplió con la disposición constitucional de emitir la Ley Interpretativa sobre Estatuto Autonómico.

Esta normativa establece que “la gobernadora o gobernador tiene la más alta representación del Departamento y de la unidad institucional del Gobierno Autónomo Departamental, es la primera autoridad política de Santa Cruz, dirige a la Gobernación y ejerce la representación ordinaria del Estado en la jurisdicción departamental”.

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