Cívicos cruceños denuncian persecución del Gobierno a líderes del Comité Interinstitucional

A través de un comunicado los cívicos se declararon en estado de emergencia. El pronunciamiento se produce después de que la Fiscalía admitió al menos tres denuncias contra integrantes del Comité Interinstitucional

Publicado el: 03/12/2022
Por Rubén Ariñez
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[Comité pro Santa Cruz.] / Uno de las concentraciones en el Cristo Redentor.

Mediante un pronunciamiento público, el Comité pro Santa Cruz denunció este sábado que el Gobierno de Luis Arce “utiliza” a la justicia como un “brazo represor” contra los líderes de esa región “en el afán de revanchismo y odio” por las movilizaciones por el Censo.

En ese contexto, los cívicos se declararon en “estado de emergencia y alerta permanente” para exigir “el cese de la persecución política” y pidieron al “pueblo cruceño” estar atentos al llamado para “defender en las calles” a su dirigencia.

“La institucionalidad del departamento de Santa Cruz denuncia a la opinión pública y comunidad internacional, el afán de revanchismo y odio del gobierno de Luis Arce, que utilizando a la justicia como brazo represor, está iniciando procesos penales contra los líderes y miembros del Comité Interinstitucional”, se lee en el manifiesto publicado en esta jornada.

La Fiscalía General del Estado confirmó el jueves que admitió tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar por el paro.

Asimismo, la Fiscalía investiga a más de dos decenas de personas por los hechos de violencia en la sede de los campesinos de Santa Cruz y en la Central Obrera Departamental, además de otros casos que derivaron en cuatro muertes y dejaron heridos.

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A juicio del ente cívico, los procesos son impulsados “por el solo hecho de haber cumplido el mandato del pueblo boliviano, que ejerció su legítimo derecho a la protesta pacífica y constitucional durante los 36 días de paro cívico, que consiguió la ley del censo”.

El Comité Interinstitucional impulsó la protesta para exigir en primera instancia que el censo se ejecute en 2023, luego la demanda fue una ley que garantice su realización y la distribución de recursos económicos y escaños parlamentarios con base en sus datos.

Este viernes, en medio de críticas a los líderes cruceños, el presidente Luis Arce promulgó la Ley del Censo.

En ese ínterin, anunció que “los procesos iniciados a nivel nacional e internacional deben sentar un precedente para que la violencia y el crimen no se normalice en nuestro país y para que nunca más una persona sea agredida y hasta asesinada por pensar distinto o ser distinto”.

El mandatario afirmó que “grupos radicales y delincuenciales generaron en Santa Cruz una escalada de violencia, quemaron la sede de los campesinos, saquearon la sede de la Central Obrera Departamental, violentaron otras sedes de organizaciones sociales, amenazaron a dirigentes y a sus familias”, aunque dijo que no desacredita al comité ni los cabildos que impulsó.

El Comité pro Santa Cruz “exigió” a la justicia “que enmarque su accionar en el marco de la ley, la Constitución Política del Estado y tratados internacionales, respetando las libertades ciudadanas y el Estado de derecho”.

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