CIDH admite denuncia de Branko Marinkovic contra el Estado por persecución judicial y vulneración de derechos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda de Branko Marinkovic contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la supuesta vulneración de sus derechos durante su gestión como presidente del Comité pro Santa Cruz y la investigación del denominado “caso terrorismo” durante el gobierno de Evo Morales.

Según señala el documento difundido este martes, la CIDH investigará la vulneración de los siguientes derechos: garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, derecho a la honra y de la dignidad, derecho a la propiedad privada y protección judicial.

La denuncia señala que el “Estado inició una persecución mediática y judicial en contra del Sr. Branko Goran Marinkovic Jovicevic, tras acusarlo por razones políticas de conformar una presunta célula terrorista en Bolivia. Alega que las autoridades buscaron privarlo de su libertad y restringieron sus derechos patrimoniales mediante distintas medidas cautelares, las cuales se sustentaron en pruebas manipuladas por funcionario públicos”.

Marinkovic alega que fue víctima de una campaña mediática en su contra que incluyó cerca de 22 spots, 18 notas de prensa e incluso un reportaje nombrado “¿Quién es Branko Marinkovic?”, en el que se le acusa sin pruebas de estar vinculado con supuestas bandas terroristas.

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El expresidente cívico cruceño señala además en su demanda, que a la par de la campaña mediática en su contra, se inició una persecución judicial para implicarlo en los denominados casos Terrorismo I y II a partir de los hechos sucedidos en abril de 2009.

“El entonces gobierno (de Evo Morales) atribuyó lo sucedido a un grupo terrorista conformado por mercenarios reclutados y contratados por grupos de poder y sectores empresariales del departamento de Santa Cruz para, supuestamente, subvertir el orden constitucional. Además, través del Ministerio de Comunicación Social y otras instancias gubernamentales se emitieron parte de los spots previamente citados, en los que las autoridades denunciaban a la presunta víctima de ser el financiador de dicho movimiento, dada su condición de líder social y político en la ciudad de Santa Cruz”, señala la demanda en su contra.

Marinkovic observa en su denuncia que se realizaron una serie de actos irregulares durante el proceso judicial por el caso terrorismo, como el cambio de jurisdicción de la investigación de Santa Cruz a La Paz, pese a que el presunto delito se cometió en territorio cruceño; también observó la constante intromisión de las autoridades del Órgano Ejecutivo.

Otro de los derechos que observa fueron vulnerados tiene que ver con su patrimonio. En la demanda se señala que se ordenaron medidas cautelares como la hipoteca legal de sus bienes muebles e inmuebles; hipoteca legal sobre acciones las empresas en las que se encontraba como propietario o accionista; anotación preventiva; y congelamiento o retención sobre sus cuentas de cajas de ahorro, cuentas corrientes o a plazo fijo u otras de su titularidad dentro del sistema bancario nacional.

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En la demanda se incluye la decisión del Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del Distrito de La Paz en el que se absolvió a Marinkovic por el proceso del denominado caso Terrorismo.

Una vez admitida la denuncia y notificadas ambas partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará con el análisis de fondo de la cuestión.

”En base a estos precedentes, la Comisión estima necesario analizar en etapa de fondo si la alegada persecución penal contra la presunta víctima, y la consecuente afectación a su honor y patrimonio personal, resultaron violatorios de los derechos contemplado en la Convención Americana”, señala la CIDH en la parte conclusiva del documento de admisibilidad de la demanda.