Campesinos piden “mano dura” para quienes atentaron contra su sede en Santa Cruz

La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz pide al Gobierno y a la justicia que pongan “mano dura” tras las desmanes que se dieron en su sede en la capital cruceña el pasado viernes, situación de la que resultaron 10 personas detenidas.

El ejecutivo sindical de los campesinos, Franklin Vargas, exigió dar con los actores intelectuales por la quema de sus oficinas y, según sus cálculos, en los enfrentamientos participaron cerca de “2.000 personas” frenta a unas “60 o 70” que estaban en el interior del inmueble.

Sin embargo, el dirigente no hizo referencia a los gases lacrimógenos y los petardos que encontraron los bomberos cuando apagaban el fuego en el lugar y solo expresó que las bases están molestas y piden cárcel para los responsables.

Mientras tanto, todavía las familias abogan para la liberación de los 10 detenidos, a quienes se acusa por los supuestos delitos de incendio, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, entre otros delitos de tipo penal.

También se presentaron pruebas que demuestran que hay personas ajenas a los desmanes, así como excesos por parte de la Policía.

Además, una de las determinaciones del cabildo fue dictar un plazo de 72 horas para liberar a los aprehendidos, que se suman a los siete detenidos por el saqueo de la sede de la Central Obrera Departamental y otros tres que están en Palmasola por la muerte de un mototaxista, quien se accidentó con un cable en un punto de bloqueo durante el paro.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, responsabilizó al gobernador Luis Fernando Camacho y al líder cívico Rómulo Calvo, agregando que el pueblo está cansado de los abusos de ambos representantes cruceños.

Hostilidad con la prensa

Una vez concluida la conferencia de Vargas, las personas que lo acompañaban cuestionaron a los periodistas que daban coberturas a las declaraciones y a la voz de “prensa vendida” los echaron del lugar.

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