Calvo y otros líderes cruceños aún no fueron notificados y denuncian manejo político de la Fiscalía

El Comité pro Santa Cruz lamentó que el Ministerio Público no actúe de la misma forma en otros casos en los que sí existen pruebas e implican a personas relacionadas al MAS

Publicado el: 06/12/2022
Por Unitel Digital
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[Foto: APG/Archivo] / El Comité Interinstitucional se volverá a reunir esta semana

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió este martes a la decisión del Ministerio Público de iniciar dos procesos contra los líderes cruceños que encabezaron el paro indefinido por el Censo.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que se ha dispuesto que se acumulen varias denuncias en contra del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, en un solo caso que será investigado por la Fiscalía de La Paz.

Mientras que un segundo caso denunciado por Rolando Cruz Penintel, Eduardo Coria y Verónica Huanca en Chuquisaca contra el presidente cívico, Calvo, y contra el gobernador cruceño, Camacho, por presuntos delitos de conspiración, organizaciones racistas y discriminatorias fue declinado por una autoridad judicial y por lo tanto ahora está radicado en Santa Cruz.

Cochamanidis informó que hasta este martes no había llegado ninguna notificación a la sede del Comité ni a la casa de Calvo y lamentó que la Fiscalía esté actuando contra personas que lideraron un movimiento legítimo en busca del Censo y cuyo resultado fue una ley firmada por el presidente Luis Arce.

“Se asumirá la defensa cuando lleguen las citaciones correspondientes y la defensa será como corresponde. Esta semana se realizará una reunión del Comité Interinstitucional para evaluar la situación”, señaló Cochamanidis.

El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado señalando que se declaran en “estado de emergencia” y exigieron a las autoridades bolivianas el “cese a la persecución política” a las personas que realizaron la huelga indefinida.

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