Bolivia abre 2023 con Santa Cruz convulsionada y víctima de una dura represión policial

Mientras las familias bolivianas se disponían a recibir el nuevo año, en la Policía se diseñaba el plan para la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que detonó una serie de protestas que fueron reprimidas de forma violenta y que han dejado incalculables pérdidas materiales, pero sobre todo deja abierta una herida en el país en el comienzo de 2023.

Después del mediodía del miércoles 28 de diciembre, la historia de Bolivia dio un giro inesperado cuando el líder cruceño fue bajado de su vehículo a solo metros de su casa en un operativo ejecutado por agentes fuertemente armados. Tendido en el piso y enmanillado, luego fue trasladado hasta La Paz en absoluta reserva.

En cuestión de horas fue imputado por el delito de terrorismo en el marco del caso golpe referido a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia a la Presidencia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral en los anulados comicios de ese año.

Camacho había exteriorizado su predisposición de declarar por este caso cuando así lo dispusiera la Fiscalía de La Paz. En medio, la denunciante del caso, Lidia Patty, criticó a esa entidad y su trabajo.

“El proceso de investigación no ha concluido, está en su fase preliminar y los fiscales van a reprogramar las declaraciones de las personas que han sido denunciadas por el caso golpe I”, afirmó el fiscal Juan Lanchipa en una rueda de prensa que brindó en La Paz el 30 de noviembre.

Sin embargo, un mes antes ya existía una orden de aprehensión contra el gobernador cruceño. El documento tenía la firma del fiscal Omar Mejillones con fecha del 31 de octubre.

En medio de la vacación judicial, la Policía activó el operativo y en la madrugada del viernes 30 de diciembre, el juez Sergio Pacheco, a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, determinó enviar a la primera autoridad al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Horas antes, el Comité pro Santa Cruz había convocado a un paro, pero desde la aprehensión de Camacho las protestas no han cesado. Se activaron bloqueos de calles en varios puntos de Santa Cruz de la Sierra y en algunas carreteras.

Pero el centro de los conflictos es la rotonda del Cristo Redentor. El campo de batalla se encuentra cerca del Comando de la Policía y es ahí donde se concentran los sectores que exigen la liberación de Camacho y ahora la renuncia del comandante de la Policía, Jhonny Chávez, quien está al mando de los violentos operativos, pero hasta ahora ha guardado silencio.

Se han quemado vehículos, muchos de ellos de personas que no tenían nada que ver con la confrontación, ha resultado incendiada la Gobernación de Santa Cruz y se reportan heridos y más media centena de detenidos, de ellos una docena ya fueron sentenciados por daños a la propiedad estatal y se acogieron a procesos abreviados.

En contrapartida, se quemaron instituciones públicas y autoridades, entre ellas de la Fiscalía, de Impuestos, el Banco Unión y del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. En ese ínterin, el Gobierno denunció la golpiza a un funcionario.

Pero el saldo tiene otras cifras más que aún no se han podido cuantificar, lo cierto es que el centro de Santa Cruz es un campo de batalla en el que también han sido víctimas los trabajadores de la prensa.

La llegada del fin de año transcurría sin mayores sobresaltos. Los seguidores de Camacho y los legisladores y políticos que lo respaldan convocaron a una vigilia pacífica que terminó nuevamente en represión y este domingo el panorama es desolador en el Cristo.

Hasta ahora, el presidente no se ha pronunciado sobre este tema. Solo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien justificó los operativos policiales, y el ministro de Justicia, Iván Lima, que justificó la aprehensión de Camacho, han salido al frente de las críticas.

La Iglesia ha llamado a la paz y las autoridades regionales urgen diálogo para resolver el conflicto. En ese ínterin, el secretario de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a la calma y expresó su preocupación por Bolivia.

Camacho, por su lado, ha visto complicada su salud en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y su familia busca que le administren un tratamiento médico para su enfermedad.

Mientras, la tensión crece y todo apunta a una escalada de la violencia la región que es la locomotora del país.