2022: Se profundiza la pugna interna del MAS y la gobernabilidad está en jaque

Los vientos de ‘tempestad’ en la interna del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) se avizoraron desde principios de 2022 con censuras, pedidos de destitución y denuncias que intentaron mantenerse en la sombra, pero conforme avanzó el año la situación se desbordó al punto de que el oficialismo tiene en su agenda política abordar la ruptura en la que sobresalen dos bandos: el ‘ala arcista’ o renovadora y el ‘ala evista’ o radical.

En menor medida también fue parte de la pulseta un bando que defiende al vicepresidente David Choquehuanca y que también divide a las organizaciones sociales que son parte del ‘Pacto de Unidad’, situación que en conjunto marcó la toma de decisiones y caló en los debates de interés general.

Fue el último día de 2021, durante un ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, cuando se puso sobre la mesa la denuncia contra autoridades del gabinete de Luis Arce por considerar que no trabajaron en la búsqueda de justicia tras los conflictos postelectorales de 2019.

Tras las críticas y denuncias, el primero en caer es el viceministro Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, por un supuesto vínculo de su círculo con el exministro Arturo Murillo; el foco apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no verificar quienes están bajo su mando.

Pugnas alargan conflicto del Censo

Si bien se dieron diferentes episodios a lo largo de 2022, es durante el conflicto por el Censo donde se acentúa la división del oficialismo, pese a que en primera instancia Juan Evo Morales y Luis Arce dejan de lado su pugna y se unen en contra del paro indefinido; sin embargo, es en el debate por la Ley del Censo donde se anticipa la escalada de tensión: el ala arcista apoya la norma, mientras que el ala dura la rechaza.

Evo, el jefe del masismo, se estrella contra los diputados arcistas y dice que la nueva norma “surge como producto del pacto de los autonombrados ‘renovadores’, que en realidad son traidores, con la derecha golpista”. “Aprobar esa ley es como decir que no hay gobierno ni gabinete”, apunta al responsabilizar a quienes aprobaron la norma de cualquier cosa que pueda pasar en las regiones afectadas por la nueva ley.

Los renovadores se defienden y apuntan que la norma nació en el seno de la bancada del partido azul y exponen que fue gracias a ellos que se logró la pacificación del país tras 36 días de paro. Desde la oposición observan que el conflicto se alargó debido a las pugnas internas y que el país paga la factura por la falta de acuerdo en la interna del oficialismo.

Es en esta coyuntura en la que también surgen disputas por las comisiones en el Legislativo, donde ninguna de estas está encabezada por algún asambleísta del ‘ala evista’, además el tema también se evidencia en la pugna por las jefaturas de bancada en el Senado y la Cámara Baja.

La pugna también se visualizó en el freno que tuvo la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2023, que no tuvo el respaldo del ala dura y tuvieron que intervenir autoridades del gabinete para evitar que el conflicto se alargue más de la cuenta.

Del Castillo, uno de los protagonistas

La situación del ministro fue uno de los puntos fuertes en la pugna y esto se ‘complica’ desde inicios de 2022. El sector campesino lo censura y lo ubica a la cabeza de una lista de rechazo. Se pide su destitución, tema que no se concreta al tener el voto de confianza de Luis Arce; no obstante, Evo Morales apunta a Del Castillo al sentirse “espiado” por la DEA (oficina antidrogas del gobierno estadounidense).

En marzo, Del Castillo denuncia en un acto público que hay dirigentes y diputados que se enriquecen con el cultivo de hoja de coca, tema que generó la molesta del ‘ala evista’, por lo que el ministro tuvo que salir a pedir disculpas, pero tuvo sabor a poco y Evo pide a la militancia cuidarse de la autoridad.

Del Castillo es protagonista de otras polémicas como la denuncia del nexo uniformados de la Policía con el narcotráfico (Caso Narcoaudios) y la inseguridad ciudadana en El Alto, por lo que es interpelado en la Asamblea Legislativa el 31 de mayo, pero el ministro logra el respaldo y la oposición observa que el Gobierno sentó la mano a los cuestionamientos de Evo.

En junio, Evo pide abiertamente la destitución del ministro. “Pedir cambio de autoridad no es para perjudicar a Lucho presidente, sino más bien para cuidarlo”, argumenta y agrega que Del Castillo tiene “apoyo de la derecha”. En busca de suavizar la situación, la autoridad Del Castillo niega diferencias con Morales y lo califica como el ‘líder histórico’ del país.

Posteriormente, Evo denuncia el robo de su celular en un acto donde estaba el ministro Del Castillo y tiempo después dice que el dispositivo está en manos de la DEA. Además, surgen otras denuncias de persecución contra dirigentes cocaleros, por lo que el año concluye con una ‘guerra’ abierta entre el líder del MAS y el ministro.

La contraofensiva

En julio, el presidente Arce y el ‘vice’ Choquehuanca empezaron una ‘contraofensiva’ ante las arremetidas el jefe del MAS, al pedir que se investigue nada más y nada menos Gerardo García, vicepresidente del MAS y aliado de Morales, por una denuncia que exhibe que la campaña presidencial de 2015 estuvo financiada por el narcotráfico, según una denuncia del diputado Rolando Cuéllar (MAS-IPSP).

Cuéllar también fue protagonista en las arremetidas contra Evo y utilizó diferentes calificativos para censurarlo, al punto de decir que el líder cocalero debe pedir perdón de rodillas por querer derrocar a Arce y Choquehuanca.

A esta arremetida también se sumó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien observó incoherencias entre las normas que se emitieron durante el Gobierno de Evo Morales y los hechos y decisiones del exmandatario como elegir jueces mediante elecciones, la protección de los indígenas y el intento de reelección de 2019.

La respuesta de Evo no se dejó esperar y compara a Lima con el exministro Arturo Murillo por haber instruido una investigación de cinco contratos que el exmandatario firmó en su gestión con la empresa china Harbour, firma implicada en un caso de coimas millonarias a la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) para adjudicarse una carretera.

En octubre, vía Twitter, Lima acusa a Evo de mentir y discriminar sobre unas declaraciones emitidas contra el expresidente Carlos Mesa, tuits que posteriormente fueron borrados, lo que alentó la escalada de tensión. Evo pide la salida de Lima del gabinete, pero este responde que solo “el presidente Arce es quien decide quién es ministro y quién se queda como ministro”.

En el MAS creen que la pugna interna es “insalvable” y que van “camino hacia la derechización”, según la lectura del diputado del ala dura del evismo, Héctor Arce. En el mismo bando, el legislador Gualberto Arispe cuestionó a Lima y Del Castillo al señalar que no representan a ninguna organización social. El presidente desoye al ala dura.

El llamado a la reflexión

En diciembre, cuando se celebra la llegada de Evo al poder, el Gobierno de un comunicado en el que se refiere a las “falsas acusaciones” que hay contra la administración de Luis Arce y a la que responsabilizan de dividir al MAS-IPSP, donde se exponen casos como los mencionados en la presente nota y el supuesto plan contra Evo para impedir que sea candidato en las próximas elecciones nacionales.

“El pueblo es sabio y sabe lo que está sucediendo. Nunca hay que temer a reconocer la existencia de tensiones internas en nuestro instrumento político que son de conocimiento público, agudizadas por estas falsas acusaciones que se realizan contra nosotros de manera pública y permanente”, reza el documento.

El Gobierno espera que pronto exista un debate interno que apunte a evitar que la fractura se profundice.

De momento, el conflicto interno sigue latente.

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