Santagro, al borde de la quiebra por avasallamientos y sin orden de desalojo ejecutada, según afectados

El predio Santagro, ubicado al norte del departamento cruceño está en peligro, ya que además de la toma violenta por parte de avasalladores que se registró hace tres meses, también peligran las inversiones en sembradíos de soya, según informó el representante legal de esta propiedad, Huber Zambrano.

Este sábado 25 de marzo se cumplen tres meses del violento avasallamiento que se registró en estas tierras de la provincia Guarayos, fecha desde la cual los ‘toma tierras’ se campean por la zona y no hay quién los desaloje, pese a que el Ministerio Público emitió un requerimiento que hasta la fecha no fue ejecutado por la Policía Boliviana, de acuerdo con el reporte.

Zambrano señaló que si en cinco días no se cosechan las 1.800 hectáreas de soya, se va a perder más de $us 2 millones de inversión por las 4.000 toneladas del grano que se van a quedar sin cosechar, tema que tiene en vilo no solo a los propietario, sino también a las 30 familias que trabajan en este predio.

“En cinco días si no entra la Policía se habrá perdido todo, las 4.000 toneladas, lo que significará el quiebre de la empresa Santagro. Reclamamos la inanición del comandante departamental de la Policía por no cumplir el requerimiento fiscal entregado en fecha 13 de marzo de 2023, donde lo conmina a desplazar a policías para frenar el acto delincuencial en el predio Santagro”, apuntó el jurista.

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La información fue expuesta en una conferencia de prensa brindada la mañana de este viernes en salones de la Asociación de Productores de Trigo y Oleaginosas (Anapo), ente del sector primario que también rechaza la falta de seguridad jurídica en predios productivos

“Pedimos a las autoridades e instancias de Gobierno que cumplan con el compromiso del presidente Luis Arce de no permitir ningún tipo de avasallamiento de tierras productivas. Exigimos el cumplimiento inmediato de deberes de la Policía Nacional, que los invasores sean aprehendidos y los propietarios tengamos las garantías necesarias para ingresar a levantar la cosecha”, apuntó Zambrana.

En el requerimiento, la Fiscalía de Guarayos pide a la Policía Boliviana la realización de actuaciones policiales concernientes a las establecidas en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, que apunta practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos autores y otros partícipes del delito, practicar el registro de objetos y lugares, vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.

“La Policía debería dar cumplimiento al pedido de una autoridad del mismo Gobierno. Los pasos son buscar responsables, ¿quién va a hacerse cargo de los daños económicos y de la quiebra de la empresa Santagro, al igual que por la pérdida de trabajo de varias familias?”, cuestionó Zambrano.

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