Los cupos de combustible que asignó el Gobierno son un “parche” que no soluciona lo estructural, dice Ríos

Las filas de vehículos en los surtidores en Santa Cruz continúan este lunes, situación que se tiene desde el pasado viernes. Hay quienes relacionan esta situación con los cupos que ha impuesto el Gobierno a través del nuevo Decreto Supremo 4910, aprobado el 12 de abril, que reduce la cantidad de venta combustibles de 20.000 a 5.000 litros.

Para el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, hay algún tipo de problema logístico, de abastecimiento, que tiene el país en cuanto al suministro regular de diésel por lo que “no se puede echar la culpa solo a la especulación” como se planteó desde YPFB. Además, el analista remarcó que el tema de la subvención también termina por afectar.

“Para mí los cupos no son una solución al problema, más bien, todo acto forzado complica la situación, que hay contrabando, habrá, mientras los subsidios estén (...) el planteamiento de tener cupos son un parche y no una solución al problema estructural que viene por ¿Cómo hacemos para nivelar nuestros precios de combustible y no se produzca el contrabando”, sostuvo.

MIRA AQUÍ: Las filas por diésel en surtidores no cesan en Santa Cruz y YPFB apunta a la especulación

Añadió que una mirada más clara hacia adelante tendría que ser: “¿Qué hacemos con los elevados subsidios que tenemos a los combustibles?, no se debe olvidar que éramos excedentarios, ahora estamos pasando muy rápidamente a ser un país netamente importador y con alto nivel de subsidio”.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó a mediados de abril que unos 250 millones de combustible se desvían al mercado negro y las actividades ilícitas. De ese total, solo el 20% se destina al contrabando.

MIRA AQUÍ: Temas que preocupan al empresariado cruceño se abordaron en una reunión con el presidente de Diputados

La autoridad explicó el plan que el Gobierno lanzó para frenar el comercio irregular de carburantes alcanza a la limitación de cupos de venta en bidones y otras medidas más.

También, esta denominada política de control y lucha contra el contrabando buscan disminuir los costos de importación, que son subvencionados por el Gobierno. Molina aseguró que este año el Estado ahorrará aproximadamente $us 250 millones.