Frenar el uso del gas para las industrias subirá el costo de producción y afectará el precio final al consumidor, anticipa Cainco

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) denunció que con el Decreto Supremo 4794 se restringirá al sector industrial la posibilidad de autogenerar energía a partir del gas natural. Consideran que, con esa medida, el Gobierno “quitará el gas a los bolivianos” para priorizar la exportación.

Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco, manifestó que con esta determinación nuevamente se está golpeando a la industria nacional, que ya sufre por el contrabando y una crisis económica, por lo que la preocupación es cada vez más grande.

“En diciembre nos sorprenden con la reglamentación que dispone que hasta el 31 de enero (2023) las empresas debían presentar sus planes de adecuación y que, si no se respetan los cronogramas, el Estado empezará a multar a las empresas”, apuntó.

El decreto establece que los usuarios de redes de gas que cuenten con equipos de generación de energía eléctrica de respaldo (contempla a industrias), podrán utilizar complementariamente el gas natural en la generación eléctrica sólo en caso de existir fallas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), al que deben interconectarse.

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Strauss además advierte que una de las consecuencias que tiene la medida es que hay muchas empresas que “son intensivas en el uso de energía eléctrica”, entonces, al tener que dejar de autogenerar el insumo y tener que interconectarse a ENDE, eso “subirá significantemente los costos de producción por arriba de un 40%”, por lo que “es lógico que los precios (de productos) para el consumidor final también van a subir” y puede generar “un espiral de inflación” y, por consiguiente, afectar al ciudadano de a pie.

“Cuando estábamos en puertas de una crisis energética, en 2011, el Gobierno se acercó al sector privado y le pidió que instale plantas de autogeneración de energía eléctrica y básicamente se dijo: tenemos mucho gas, les damos y ustedes hacen el proceso industrial para transformarlo en energía eléctrica”, recordó.

A partir de eso, muchas industrias comenzaron a hacer inversiones significativas y “ahora nos dicen ya no podemos suministrarle gas, ustedes tiene que interconectarse a ENDE, y nosotros vamos a tomar esos volúmenes de gas, para los mercados que mejores ingresos le generen el país. En resumen, están quitándole el gas de los bolivianos a los bolivianos para entregarlo a los mercados de exportación”, cuestionó.

¿Se está acabando el gas?

Para Strauss, aparentemente la política hidrocarburífera del país no está dando los resultados que se esperaban. Afirmó que hace unos años atrás, Bolivia tenía un superávit de más de 5 mil millones de dólares, pero el año pasado “hemos registrado un déficit de más de mil millones de dólares, ahora vemos que hay colas en algunos surtidores, entonces, algo no está bien”.

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“Nos preocupa es que hace más de cuatro años el Gobierno no cumple con su obligación legal de certificar cuántas reservas es lo que realmente tenemos, la Ley de Hidrocarburos establece la obligación que tiene el Estado de certificar anualmente las reservas y hace más de cuatro años que no lo hacen”, dijo en entrevista con UNITEL.

Acotó que el sector no descarta la interposición de acciones legales y anunció que enviaron una carta a las autoridades competentes porque estaba en curso un proceso de intercambio de criterios en el marco de un debate técnico sobre este tema, pero el Gobierno no ha respondido.

“Tenía ciertos compromisos que no los ha cumplido”, dijo, por lo que el sector espera una nueva convocatoria que permita analizar el impacto que puede tener la aplicación de la norma que es cuestionada desde diversos ámbitos.