Empresarios privados presentan anteproyecto de ley para sancionar a bloqueadores

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, presentó este lunes una propuesta legislativa denominada ‘Ley de Regulación de la Protesta Social’, el cual propone penalizar a los manifestantes que afecten a las operaciones del aparato productivo nacional, entre otros planteamientos.

Laredo llegó hasta la Brigada Parlamentaria de Cochabamba con miras a impulsar esta iniciativa privada, en un contexto en el que el país se ve afectado por más de una veintena de bloqueos en diferentes puntos del país y que son impulsados por sectores y organizaciones sociales evistas.

Pese a no poder tener una audiencia con los legisladores, Laredo apuntó a la voluntad política de los parlamentarios para llevar adelante el proyecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Cochabamba ya no puede estar viviendo días zozobra, está muy complicado”, apuntó el ejecutivo, a tiempo de exponer que en los seis capítulos del anteproyecto se plasman deberes y obligaciones de los manifestantes, así como sanciones a personas jurídicas y naturales que impulsen protestas.

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El representante empresarial señaló que en lo que va del mes de enero se reportaron al menos 16 días con bloqueos que frenaron la economía cochabambina, por lo que las pérdidas son millonarias.

Por otro lado, en el mes de diciembre, la dirigencia de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) también deslizó que enfila un anteproyecto de ley para sancionar estas situaciones.

Así lo expresó el presidente de la CNI, Pablo Camacho, al referir que la decisión se basa en la convicción de que los bloqueos están volviendo inviable la situación económica del país, impactando de manera directa en la capacidad de movimiento y operatividad de las empresas.

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“¿Es correcto que estas reivindicaciones afecten y nos incrementen los precios, perdamos empleo por no poder transitar insumos y productos terminados de una a otra región?”, cuestionó Camacho en ese entonces.

Mientras tanto, Bolivia atraviesa su octava jornada de movilizaciones por parte de sectores que piden la renuncia de magistrados del Órgano Judicial.