Empresarios piden a la Asamblea Legislativa tomar medidas ante proliferación de bloqueos

El sector privado está con las alarmas encendidas ante la aparición de nuevos conflictos sociales y políticos que traen consigo bloqueos de carreteras que afectan a las zonas productivas y es por ello que demandan la intervención de los miembros de la Asamblea Legislativa para frenar este tipo de situaciones que golpean al aparato productivo nacional.

Fue el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, quien demandó certezas por parte del Estado para continuar produciendo, remarcando que el país necesita trabajo y reactivación, por lo que es esencial tener las vías expeditas para que los alimentos lleguen a los mercados, a las industrias y a la población en general.

“Los bloqueos deberían pasar a otra era o los parlamentarios trabajar en alguna ley para frenar estos temas de bloqueos, porque desarticula a todo el sistema”, sostuvo el presidente de la CAO en declaraciones recogidas por UNITEL.

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Por otro lado, desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el gerente general Gary Rodríguez apuntó que la emergencia por los bloqueos no solo se centra en la pérdida económica, sino por una pérdida intangible “por la pésima imagen que proyectamos como un país-tapón”.

“La práctica del bloqueo es la constatación de que algo anda mal en Bolivia, ya que, o no hay diálogo o el diálogo no funciona, siendo que la existencia de normas para la pacífica convivencia y las instituciones llamadas por Ley para garantizar el cumplimiento de las mismas, no está funcionando”, apuntó Rodríguez.

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Recientemente, el IBCE lanzó un sondeo a más de 1.000 actores que representan al sector agropecuario, forestal/maderero, exportador, importador, comercial, industrial, servicios, turismo y despachos aduaneros del país, donde el 95% no está de acuerdo con los bloqueos y el mismo porcentaje aseguró verse afectado por este tipo de medidas.

Asimismo, el 90% de los consultados considera que bloquear caminos es un delito, por el daño que provocan y que se vio reflejado entre enero y agosto cuando se dieron 146 puntos de bloqueo y 163 días de afectación al libre tránsito y al trabajo en Santa Cruz

“Una mayoría tipifica como delito el bloquear y está de acuerdo con que se sancione a los bloqueadores; toda esa información es lo que deja el sondeo del IBCE, para análisis de las autoridades y de la propia sociedad civil”, reflexionó Rodríguez.

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