CAO advierte que avasallamientos pueden afectar a la seguridad alimentaria

Hay desesperación entre los productores de las zonas afectadas por los asentamientos irregulares. Ahora se lo piensan hasta dos veces si invertir o no debido a esta problemática

Publicado el: 05/12/2022
Por Álvaro Rosales Melgar
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[José E. Alba] / Así quedó el predio Las Parabas tras la irrupción de los avasalladores

La inseguridad en el campo tiene en vilo al sector productivo. Así lo resume el primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, quien pidió a las autoridades cumplir con sus funciones y garantizar el estado de derecho en zonas en las que operan los grupos de toma tierras, caso contrario se afectará a la seguridad alimentaria del país.

“Cualquier avasallamiento es afectación a un productor”, apuntó el ejecutivo y agregó que esto también repercute en la cadena productiva, lo que lleva al productor a replantear sus acciones, es decir, piensan dos veces si continuar con sus labores del campo debido a la amenaza en el área rural.

Y es que el modus operandi de estos grupos irregulares exhibe una toma violenta de los predios, con amenazas de muerte, quema de campamentos, maquinarias e insumos, al igual que la destrucción de todo la labor productiva que encuentran a su paso, tal y como se dio en el predio Las Parabas en días pasados, donde se registraron fuertes pérdidas económicas.

“Aquí nos avasallan y dejamos de producir, entonces ya es una afectación a la seguridad alimentaria del país”, reiteró Farah, sacando a relucir que los inversionistas se endeudan para obtener insumos, semillas y pagar mano de obra, pero ahora hay intranquilidad sobre si se llegará o no a tiempos de cosecha teniendo encima la amenaza de grupo irregulares.

Es por ello que el ejecutivo instó a las autoridades correspondientes a garantizar que los productores hagan su trabajo en el campo y que los avasalladores cumplan con los daños cometidos en la cárcel.

“Llamamos a que hagan cumplir la ley, es lo único que pedimos, cumplir el estado de derecho que debe necesita un productor”, expuso Farah.

Perspectiva del sector público

Desde la Gobernación cruceña también han expresado indignación ante esta situación y denuncian que hay “inoperancia” de parte de las autoridades nacionales, la Policía, el Ministerio Público, el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), “cuya obligación es accionar de oficio”, según el secretario departamental de Medio Ambiente, Jhonny Rojas.

Mientras que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, admitió que existen “grupos posiblemente delincuenciales” que “viven de una especie de tráfico de tierras”.

Pedido de larga data

La demanda de seguridad jurídica no es nueva para los productores. En diferentes ocasiones se tocaron las puertas de entidades estatales y uno de antecedentes más recientes se dio en el mes de octubre, en un encuentro protagonizado por la CAO y autoridades del Gobierno nacional, donde el asunto fue puesto sobre la mesa.

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Desde que Luis Arce asumió la Presidencia, el sector productivo en reiteras oportunidades pidió reunirse con el Gobierno para coordinar acciones para reactivar la economía del país y sobre todo, para solucionar los problemas que afligen al sector: como seguridad jurídica, el tema tierra y el acceso a la biotecnología.

Si bien se concretó una reunión, no hay certezas respecto al avance de estos escenarios, pese a que la propia ministra de la Presidencia calificó de ‘fructífero’ el encuentro.

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