César Apaza sufrió un “trato cruel y degradante” por parte de la Policía, concluye la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo estableció que el dirigente cocalero César Apaza sufrió trato cruel, degradante y lesiones por parte de la Policía cuando fue aprehendido en septiembre de 2022, según un informe que salió a la luz este jueves 1 de junio, en el que también se apunta a las fuerzas del orden y a la Fiscalía por no investigar las denuncias relacionadas a este asunto.

“Las lesiones que sufrió Julio César Apaza son producto de la intervención policial al momento de su aprehensión y durante su traslado y permanencia en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), y que los hechos ocurridos configuran los elementos de trato cruel y degradante establecidos en la normativa y jurisprudencia internacional y nacional”, fue la conclusión emitida por el ente defensorial.

Además, el reporte exhibe que el Estado incumplió con su tarea de investigar las denuncias sobre la presunta tortura a la que fue sometido el dirigente cocalero, quien estando tras las rejas sufrió diferentes complicaciones de salud, tema que ya había sido expuesto en el mes de mayo por el el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma

En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo ya había advertido que el Estado es el único garante de los derechos humanos de Apaza y de las personas privadas de libertad y, por tanto, tiene la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de quienes están bajo su custodia en los centros penitenciarios del país.

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Asimismo, el documento defensorial muestra que los efectivos policiales “infringieron de manera intencional dolores físicos” contra la integridad de Apaza “con la finalidad de aprehenderlo sin haberle informado los motivos”, “ni haber utilizado medios persuasivos” no relacionados con la violencia.

“El Estado está incumpliendo su obligación de investigar una denuncia de tortura, siendo que el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que se cumpla con la obligación estatal”, complementa el documento.

La resolución defensorial plantea que la investigación del caso se realice aplicando el Protocolo de Estambul, que es el estándar internacional para la investigación de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

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“Recomendar a la Fiscalía General de Estado instruir se investigue de manera pronta, imparcial y efectiva, aplicando el Protocolo de Estambul, los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Julio Cesar Apaza Tintaya durante su aprehensión, traslado y estadía en la Felcc La Paz, (ocurrida) el 22 de septiembre de 2022” de conformidad a lo establecido en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, señala la resolución.

Siendo el Estado garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia, la recomendación también incluye a la Dirección del Régimen Penitenciario para que garantice el acceso a la salud y que Apaza reciba su tratamiento médico acorde a su diagnóstico.

Apaza fue aprehendido por efectivos policiales el 22 de septiembre de 2022, ocasión en la que el sindicado afirmó que, durante ese procedimiento, y también en el traslado y permanencia en la Felcc de La Paz, “fue torturado, agredido física y verbalmente, para que firme la recepción de su orden de aprehensión”, concluye la Defensoría.

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