Política

Tras salida de Bolivia del Comisionado de la ONU, HRW dice que se debilita la defensa imparcial de los DDHH

“Luis Arce no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas sobre los derechos humanos”, afirmó César Muñoz de Human Rights Watch

20-01-2023

Tras conocerse que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU saldrá de Bolivia, desde el organismo no gubernamental, Human Rights Watch, critican esta situación y señalan que con esto se debilita la defensa de los derechos humanos en Bolivia y que la ciudadanía es la principal víctima.

“El mensaje que envía el gobierno de Luis Arce a la comunidad internacional es claro: no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas sobre los derechos humanos. La principal víctima de esta decisión es, lamentablemente, la ciudadanía boliviana”, escribió César Muñoz, director asociado de HRW para Latinoamérica.

Lo que dice el Gobierno sobre la salida de la Oacnudh es que esta instancia cumplió su tiempo de permanencia en Bolivia y que llegó con la intención de recabar información sobre los conflictos del 2019, que se produjeron tras detectarse un fraude electoral que fue corroborado por una auditoría de la OEA.

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“Se instaló en diciembre de 2020 y extendió su permanencia en dos ocasiones; la primera ampliación fue hasta diciembre de 2021 y posteriormente se pactó que la conclusión de su trabajo ocurriera el 31 de diciembre de 2022”, señala un documento de la Cancillería.

Ante esta situación, Muñoz de HRW, agregó que la salida de la Oacnudh, debilita la defensa de los derechos humanos en Bolivia.

“Al decidir no renovar el mandato de la misión del Oacnudh en Bolivia deja a las bolivianas y bolivianos sin una entidad imparcial muy importante en el país que vigile los DDHH”, señala Muñoz.

Para Comunidad Ciudadana, el principal partido de la oposición, el Gobierno tergiversa la salida de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y considera que es una excusa que tienen por objetivo ocultar la intención del gobierno de bloquear cualquier seguimiento imparcial a las acciones y procesos por los luctuosos hechos de 2019 y 2020, que motivaron la llegada de esta institución a Bolivia, y que aún están pendientes de esclarecerse por completo.

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