Se suspendió la reunión entre los absueltos del caso Terrorismo con la Procuraduría

La tarde de este martes desde la Procuraduría General del Estado se informó que la reunión que había sido convocada con los absueltos del caso Terrorismo fue suspendida.

En principio, el abogado Gary Prado, abogado de los acusados y absueltos del denominado caso Terrorismo, señaló que sus defendidos ingresaron a la reunión virtual donde se debía tratar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que deben ser conciliadas entre ambas partes.

Sin embargo, minutos después, desde la Procuraduría, la abogada Janeth Del Rosio Bustillos, confirmó a UNITEL que la reunión había sido postergada, aunque no brindó mayores detalles sobre la fecha en la que se iba a realizar.

Se le consultó sobre el plazo que dio la CIDH a Bolivia para emitir un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones que había brindado; ante esta situación Bustillos señaló que están elaborando el documento, sin brindar mayores detalles.

El abogado Prado manifestó que cinco de las víctimas de este extinto caso fueron convocadas: Mario Tadic, Elod Toaso, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes y la madre de Michael Dwyer (ejecutado en el Hotel Las Américas).

En contacto con UNITEL, Alcides Mendoza también confirmó que se suspendió la reunión, aunque tampoco dio mayores detalles sobre las razones y tampoco brindó información sobre la fecha para la que fue postergada.

La reunión estaba fijada para un día antes de que venza el plazo para que el Estado boliviano responda a la CIDH sobre el informe preliminar sobre el dicho caso y las ejecuciones en el hotel Las Américas de 2009, donde sobresalen cuatro recomendaciones que deben ser cumplidas de manera obligatoria, de acuerdo con el reporte.

Entre las recomendaciones del organismo internacional figura la reparación integral con compensación económica a los afectados y la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes, tema que se prevé que sea abordado en la reunión.

A estas se suman otras dos recomendaciones que se enfocan en impulsar un proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes y adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.

Según el documento de la CIDH las recomendaciones deben cumplirse de manera obligatoria y si el Estado no cumple con esto, lo que procede es llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ese informe estableció que se produjeron ejecuciones durante el gobierno del expresidente Evo Morales, contra tres personas y otras dos que fueron detenidas y torturadas, ligadas supuestamente a un grupo armado y separatista que tenía como objetivo dividir el país.

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