Excanciller Karen Longaric denuncia “persecución política y acoso judicial” ante la CIDH
Desde el exilio, la exautoridad pidió a la CIDH analizar y hacer seguimiento a su caso al constituir “una situación de grave vulneración a los derechos humanos en Bolivia”
Desde el exilio en Alemania, la excanciller Karen Longaric denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “persecución política y acoso judicial” por parte de las autoridades de turno, enumerando una serie de procesos penales que tienen en su contra y que trae consigo la orden de su aprehensión y el congelamiento de sus cuentas.
“Después de mi gestión como canciller, he sido víctima de persecución política mediante la manipulación del derecho penal, lo que ha violado mi derecho al debido proceso y acceso a la justicia”, reza el descargo de la exautoridad que fue enviado a la CIDH y que salió a relucir en las últimas horas.
En este sentido, Longaric solicita al organismo internacional analizar y dar seguimiento a su caso, “al constituir una situación de grave vulneración a los derechos humanos en Bolivia”, así como también pedir que su caso sea integrado dentro del monitoreo y los informes que realiza la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en la región y el país.
El pedido de Longaric data del mes de abril, pero fue sacado a relucir este miércoles a través de Twitter por el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, quien salió a cuestionar las acciones impulsadas por el sucesor de la excanciller, es decir, el actual titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.
“Ministro Mayta, luego de demoler carrera diplomática, hoy dirige venganza a excanciller Longaric. Inicia juicio penal, entre otros, por haber dictado normas legales en defensa de una diplomacia profesional”, apuntó Aparicio en su publicación.
En su descargo, Longaric detalló que se vio obligada a salir de Bolivia para resguardar su derecho a vivir en libertad, pero también sobrellevando lo que significa vivir en el exilio. Su lugar de permanencia fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, al Órgano Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores -que es la instancia acusadora- y a la Defensoría del Pueblo.
Pese a “la evidencia de mi exilio, estoy procesada sin posibilidades de asumir defensa en las múltiples acciones judiciales y administrativas que el Gobierno ha instaurado contra mi persona, ejerciendo una sistemática persecución política y acoso judicial”, reza el documento enviado a la CIDH.
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Además, en la carta señala que la práctica de hacer acusaciones de delitos inexistentes, “es una forma de represión política dirigida a silenciar las voces disidentes, a desprestigiar y denostar a las personas de bien, en su dignidad y en su integridad, causando un grave daño emocional y material”.
En el documento, Longaric menciona siete procesos que se impulsan en su contra, de manera injustificada o sin proporcionarle la información completa, relacionados con temas de su gestión y las acciones que se llevaron adelante para contener la pandemia.
Entre estos casos se sindica a la excanciller por diferentes delitos, desde la presunta legitimación de ganancias ilícitas hasta supuestos nombramientos ilegales, tomando parte en varios de ellos el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.
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