Evistas y opositores señalan que proyecto del PGE reformulado incluye una disposición “ajena” y “persecutoria”

Una vez que el debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023 quedó en el aire, las principales observaciones de los asambleístas evistas y opositores apuntan al bloque de disposiciones adicionales del borrador de la norma, donde resaltan que existe una en específico (la séptima) que es “persecutoria”.

Y es que tal disposición integra parte de lo reflejado en el artículo 495 de la Ley 393 de Servicios Financieros, aspecto que es ajeno al tema del PGE

“Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la unidad de cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad, administrativa, civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza”, reza el documento.

Además, establece que queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas o la información relacionada al mismo por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos.

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La senadora Centa Rek (Creemos), además de advertir que tal disposición es “persecutoria”, sostuvo que son siete disposiciones adicionales, con aspectos que no tienen nada que ver al espíritu de la ley.

Según la asambleísta, esta disposición busca implementar una figura de un delator o un obligado a implicar a otras personas y mejor si son opositores políticos, bajo el argumento de “buena fe”, y dejarlos exentos de responsabilidad, entonces es clara la intención de persecución y que nada tiene que ver con el presupuesto.

“Es una figura altamente peligrosa y además persecutoria que actúa con total discrecionalidad. Y eso sería incluso un riesgo grande para las entidades bancarias que se van a sentir, eso produciría una incidencia, una sensación del cliente de que está en peligro, en riesgo y bueno, esto también disminuye lógicamente la confiabilidad de las operaciones bancarias”, dijo Rek.

Rek consideró que con el total de las disposiciones adicionales, el Gobierno está queriendo controlar la economía ante la amenaza que hay de una crisis más profunda económica y este sería el inicio de pasos sucesivos hacia una intervención estatal cada vez mucho más controlada.

“Por eso es que nosotros (Creemos) hemos tenido una negatividad rotunda a dejar que el gobierno dé más pasos en esa dirección. Queremos que la sociedad entienda que en realidad este ha sido un freno de mano inicial porque es como que vienen en cadena otras cosas”, apuntó la senadora.

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“Quiero alertar al pueblo boliviano que a través de esta disposición transitoria se está blindando a servidores públicos de la ASFI para que puedan meter sus manos sucias e perseguir acosar, intimidar con denuncias fantasiosas y políticas”, advirtió por su lado el diputado evista Héctor Arce.

A decir del parlamentario del partido azul, tal disposición afecta principalmente las familias que se dedican a la economía informal y que no van a poder demostrar los motivos por los que poseen bienes. “Mañana van a ser perseguidos, acosados penalmente”, advirtió.

Por su parte, el abogado constitucionalista Israel Quino observó que el proyecto de ley posee inconstitucionalidades dentro sus disposiciones adicionales, entre otros, como: la supresión del rol de los órganos legislativos subnacionales (concejos municipales y asambleas legislativas departamentales) respecto su atribución deliberativa para aprobar POA’s d sus Ejecutivos de gobierno (alcaldes y gobernadores). Eso es muy grave.

“En función al principio de unidad de materia, una ley de presupuesto debe circunscribirse a su objeto y no excederse al fin que persigue, estableciendo regulaciones que sobrepasan temporal, temáticamente o finalísimamente su materia propia. En el PGE modificatorio introduce de “contrabando” normas inconstitucionales dentro sus disposiciones adicionales”, apuntó Quino.

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