Economía

Ministro dice que al no haberse aprobado cambios al PGE se congelan recursos que pueden ser usados en la crisis ambiental

Montenegro calificó de “sabotaje económico” la aprobación con modificaciones del proyecto de presupuesto reformulado 2023 en el Senado, porque extiende el plazo de sanción de la norma en medio de la emergencia nacional

Carlo Villena
25-10-2023

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó de “sabotaje económico” la aprobación con modificaciones del proyecto de presupuesto reformulado 2023 en el Senado, advirtiendo que la no aprobación de esta ley congela más de Bs 5.000 millones que pueden ayudar a combatir la crisis ambiental

Según el ministro, la aprobación con modificaciones extiende el plazo de sanción de la norma en medio del requerimiento de recursos económicos que tienen municipios y gobernaciones para enfrentar la crisis ambiental que se registra a escala nacional.

A decir de la autoridad, “esto responde sencillamente a un sabotaje económico planificado, para generar un desgaste a la gestión del presidente Luis Arce”, puesto que ahora la norma debe retornar a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Montenegro se refirió a este tema en la previa de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde se prevé abordar nuevas soluciones para dar respuesta a la crisis hídrica que golpe a diferentes regiones del país.

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La autoridad reiteró que que más de Bs 5.000 millones se encuentran disponibles en las cuentas de las gobernaciones y alcaldías, pero están congelados porque no se cuenta con la ley que autorice su utilización.

En este contexto, el Senado aprobó este martes con modificaciones el proyecto de ‘Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023’, lo que obliga retorne a la Cámara de Diputados, donde ya había sido aprobado el 5 de octubre, y extiende los plazos para su sanción y vigencia.

Montenegro acusó al presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, Hilarión Mamani, de obstaculizar y sabotear la gestión económica del Gobierno, ya que no es la primera norma que rechaza.

De acuerdo con el proyecto normativo, se establece adicionar un presupuesto consolidado por Bs 5.421 millones.

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