La Gestora Pública da sus primeros pasos enfrentando una crisis de desconfianza

Después de que el Gobierno nacional y el sector minero de Huanuni llegaran a un acuerdo para derogar artículos del Decreto Supremo 4783, que nació con el foco de transferir utilidades o dividendos de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar proyectos de inversión o programas de interés social, otra problemática latente gira en torno al rechazo a la Gestora Pública, entidad responsable de administrar los ahorros de los bolivianos para su jubilación.

La Gestora Pública de Seguridad Social a largo plazo inició sus operaciones en septiembre de 2022, con un retraso de casi de 12 años, tomando en cuenta que se contempló en diciembre de 2010 tras la promulgación de la Ley 065 de Pensiones y se creó oficialmente en 2015. Esto lleva a que el Estado sea el nuevo administrador y dejando de lado la mano de sector privado (con las administradoras BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia), tema que ha generado desconfianza entre algunos sectores.

Tal desconfianza se reflejó en septiembre y se acentuó en las primeras dos semanas de octubre. El sector minero, el Magisterio, jubilados y trabajadores fabriles están en la lista de aportantes y beneficiarios que han expresado intranquilidad en las calles, con protestas que muestran el rechazo ante la puesta en marcha de la entidad, a la que observan por tener mayor control de las inversiones que se realizan con los aportes.

La normativa vigente determina que la Gestora es responsable de “la administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos” correspondientes a dicho sistema, así como tiene en sus manos la actualización de la base de datos de beneficiarios de la Renta Dignidad y lo que contempla gastos funerales.

Según cifras de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la Gestora Pública de la Seguridad Social administrará un fondo de $us 23.240 millones perteneciente a los aportantes. En el país hay 2,5 millones de personas aseguradas al Sistema de Pensiones, de los cuales 195.368 son jubilados, y, de esa cantidad, un 68%se benefician con la Pensión Solidaria de Vejez.

El malestar de los aportantes

Según los sectores aportantes, estos deben tener representación en el Directorio de la Gestora, según lo que manifestó Rodolfo Ayala, dirigente de la Confederación del Sistema Integral de Pensiones. “Queremos que la administración sea de los trabajadores y de los compañeros jubilados, no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo de la administración”, manifestó.

Por su parte, el ejecutivo de los fabriles de Bolivia, Mario Segundo, también rechazó que la institución sea administrada sólo por el Gobierno, al exponer que “el aporte de cada uno debe ser garantizado; (por eso) debemos ser parte del directorio, no sólo fiscalizadores. Año tras año hemos aportado; incluso, nuestro planteamiento es que debe ser un aporte tripartito: el Estado, trabajadores y empleador”, agregó.

“Corremos un riesgo grande al realizarse el traspaso total de nuestros ahorros individuales a la gestora del Gobierno, que no ofrece ninguna garantía sobre nuestra plata ahorrada en muchos años de trabajo y ya hemos probado el trago más amargo en el pasado”, sostuvo Ana María Pomar, dirigente de la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf).

Los jubilados recordaron el sonado caso del desfalco millonario del del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), de los fondos complementarios y rentas básicas, en los años 90, que afectó a los aportantes, según reseñó la dirigente.

Desde el punto de vista del analista económico Joshua Bellott, el temor de los aportantes es que los recursos desaparezcan por una mala administración y “el Estado es un la administrador, como refirieron los mineros de Huanini”. Y para justificar su afirmación recordó que hay dos casos del Gobierno que envuelven a la Gestora Pública.

El primero data de 2017, cuando el Estado boliviano pagó $us 3 millones, de un total de 5,1 millones a la empresa panameña Sysde international INC, encargada de la provisión de software para la Gestora Pública, que nunca entregó. Por esta transacción, tampoco se tuvo ningún resultado, según Bellott.

Posteriormente, hubo otro contrato con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology a la cual se pagó $us 10,4 millones de dólares por la supuesta compra de un software, en el que, además, se determinó pagar 1,6 millones por derecho anual de uso o alquiler por la licencia del código fuente, durante 40 años, por lo que, el Estado hubiera perdido 78 millones de dólares adicionales.

En esta línea, el economista y especialista en pensiones Alberto Bonadona manifestó que el Estado tiene la misión y la oportunidad de demostrar que la Gestora Pública tiene la posibilidad y el potencial para aumentar la rentabilidad del sistema, así como mejorar las coberturas de diferentes sectores, que es lo que más inquieta a los aportantes.

“Hay que demostrar si puede haber rentabilidad en el sistema de pensiones con otras formas de inversión y conseguir apoyo de entidades del exterior que puedan aportar una guía técnica que dé garantías sobre el manejo y la diversificación de las inversiones. Entonces, se debe dar una alternativa real que muestre que se hará una labor que las anteriores entidades administradoras de pensiones no hubieran cumplido”, apuntó.

El descargo estatal

Desde la Gestora Pública afirmaron los fondos de los aportantes se constituyen en patrimonios autónomos “intocables”. El gerente Jaime Durán sostuvo que no debería existir preocupación de los trabajadores, con quienes se trabajó la normativa vigente -la Ley 065- que establece todas las garantías para los aportes.

“La Ley 065 establece con claridad que los fondos de los aportes de los trabajadores se constituyen en patrimonio autónomo, es como si estos aportes fueran a una caja que tiene un rotulo que dice intocable. Ese intocable quiere decir que solo pueden invertirse para hacer crecer esos recursos y solo pueden utilizarse para el pago de pensiones”, explicó Durán.

El titular de la Gestora también expuso que los trabajadores podrán controlar sus contribuciones porque se tendrá un reporte de sus aportes individualizados en sus cuentas personales provisionales y, del mismo modo, comunicó que están dispuestos a sentarse con los sectores para despejar las dudas.

El analista Bonadona también considera que se debe trabajar en materia informativa desde el Estado para que la gente tenga a mano información relacionada a sus aportes y sobre todo lo que contemplan las pensiones. Todos estos parámetros se pueden tomar con aprendizajes desde el exterior, donde existen grandes fondos que son públicos, según su perspectiva.

En el contexto de las movilizaciones, Durán expresó que las puertas de la Gestora están abiertas para que los sectores puedan conocer la operación de la entidad y resaltó que es importante la gente conozca la figura del patrimonio autónomo, que contempla que los recursos aportados se están ahorrando en sus cuentas personales previsionales y no se mezclan con el patrimonio de la Gestora ni el Estado, ni ningún otro ente puede utilizarlos para un fin distinto al de la generación de pensiones.

Desde el Gobierno apuntan que con la labor de la Gestora se podrá “profundizar la soberanía en la administración de la economía”, pero todavía queda labor por delante tomando en cuenta que las administradoras de fondos de pensiones (BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia) todavía están en proceso de transferencia de los fondos y la información de las cuentas de los aportantes, tema que se perfila cerrar en 2023.

Antecedente

Al haber este cambio de mando administrativo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Bolivia a pagar a BBVA a pagar $us 105 millones por los perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública por indemnización e intereses de la nacionalización del sistema de pensiones.

BBVA alegó que el proceso de transición por la nacionalización de las pensiones ha sido caótico y generó incertidumbre jurídica, pero además ha sido víctima de una campaña de hostigamiento por parte de Bolivia al condicionar su salida del país al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.

“El Sistema de Pensiones puede solventar o financiar la jubilación de 3 de cada 5 personas y resulta que menos del 13% de personas ocupadas (trabajadores) cotizan en el sistema, esto se redujo debido al aumento de la informalidad que ha expulsado del mercado de trabajo a los bolivianos. Entonces este es el problema más complicado, más allá de quien tenga la administración”, puntualizó Bellott.

Por ello, el analista consideró que se debe rediseñar el sistema y trabajar en la rentabilidad, ya que actualmente el Gobierno pasa por un periodo de falta de recursos y eso es visible en el fallo que han generado ciertas inversiones.

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