Funcionarios municipales y de gasolineras permitirían la circulación de vehículos chutos en el país
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, dijo que se identificaron tres a cuatro municipios donde las autoridades locales estarían otorgando documentación irregular de nacionalización a los propietarios de vehículos "chutos". Por lo que anunció iniciar procesos penales en contra de los funcionarios.
La Paz, 6 Jul. (ANF).- Funcionarios municipales de la región de los Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba; empleados de algunas estaciones de servicio de gasolina y diesel, además de algunos malos policías, estarían implicados en una red de poder que permite la circulación de vehículos chutos, automóviles que están prohibidos de ingresar al país y de operar en el territorio nacional, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Hay estructuras de poder local que se organizan para proteger esta actividad de los autos chutos y estas redes de poder local pueden implicar algunos policías, pueden implicar también funcionarios públicos de algunos municipios, pueden implicar a los funcionarios de las estaciones de gasolina, de suministro de combustible porque con el sistema del B-Sisa debería estar todo registrado, pero no siempre sucede así”, dijo el ministro tras el acto de inicio de labores de erradicación en el municipio de Cherazani, sitiado en el Norte de La Paz.
Romero lamentó la falta de control de los municipios de las regiones donde existen estos vehículos chutos toda vez que los motorizados indocumentados prestarían el servicio de transporte interprovincial sin ser registrados.
La autoridad no descartó que estas actividades ilegales estén vinculadas con hechos de narcotráfico o la trata de personas toda vez que estos grupos utilizarían estos motorizados para cometer los delitos y luego abandonan loa motorizados para no dejar rastros de estas organizaciones delincuenciales.
De estos presuntos hechos de corrupción en el Trópico de Cochabamba, el comandante regional de la Policía de este sector, coronel Julio Mendoza, y el teniente Diego Céspedes, son investigados por que presuntamente habrían protección de vehículos “chutos” para su libre circulación en la región del Chapare, mediante el presunto cobro de “vacunas” o sobornos.
En tanto, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, dijo que se identificaron entre tres a cuatro municipios en el país donde las autoridades locales estarían otorgando documentación irregular de nacionalización a los propietarios de vehículos "chutos". Por lo que anunció iniciar procesos penales en contra de los funcionarios municipales por usurpación de competencias.