“Consorcios de loteadores” pueden salir favorecidos con Ley de Regularización del Derecho Propietario, denuncia senadora

La Ley 247, de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles para Vivienda ha sido modificada en tres ocasiones, el último cambio se produjo hace un par de semanas y contempla facilidades para trámites; sin embargo, la senadora Cecilia Requena denunció que en caso de que esta norma entre en vigencia, “consorcios de loteadores” pueden salir favorecidos.

En 2012, el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley 247, de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles para Vivienda, indicando que se iban a reducir los trámites administrativos para obtener títulos de propiedad o para realizar alguna corrección.

En 2016, Morales promulgó otra ley para modificar a la Ley 247 y se amplió por tres años el plazo para que las personas puedan regularizar el derecho propietario.

La promulgación se realizó en ocasión de la celebración de los 32 años de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve).

En 2019, se realizó otra ampliación para que se regularicen los predios ilegales que se asentaron en terrenos privados y públicos. El plazo venció el pasado septiembre de 2022.

En tanto, hace un par de semanas, la Cámara de Senadores aprobó otra reforma a la norma y amplió su vigencia hasta el año 2025.

Una de las nuevas modificaciones señala que para acceder a la regularización del terreno un requisito es la declaración jurada de que se tiene posesión del lugar desde antes del 22 de septiembre de 2017 “de manera pública, continua, pacífica, de buena fe, y sin oposición de tercero”.

Otra de las modificaciones observadas es que se pide la “declaración testifical de dos colindantes y/o vecinas o vecinos del inmueble, en un radio mayor a cien (100) metros, que acrediten la posesión del bien inmueble anterior al 22 de septiembre de 2017, de manera pública, continua, pacífica y de buena fe”.

La Ley facilita que para que una persona demuestre su posición pueda presentar uno de los siguientes documentos: “comprobantes de pago de impuestos a la propiedad sobre el bien inmueble, facturas o comprobantes de servicios básicos o documentación emitida por autoridad competente local de salud o educación, en el que el solicitante o su grupo familiar haya registrado la dirección del bien inmueble a regularizar”.

La senadora Cecilia Requena criticó que la norma facilita que, con estos requisitos, “se inicia un proceso de regulación de derecho propietario sin tomar en cuenta el historial de propiedad de cualquier inmueble que esté en derechos reales. Esto facilita el trabajo de los loteadores”.

“A través de la expansión del área urbana, hoy se puede avasallar territorios indígenas y también se puede volver área urbana, con todo lo que implica esto, de especulación de la tierra, predios que han sido entregados colectivamente a comunidades por el INRA. Ahora se va a poder hacer eso en todo el país”, indicó Requena.

Añadió que Ley 247 “tiene un efecto con encarecer el suelo. En vez de estar democratizando el acceso a vivienda, lo que estamos haciendo es encarecer el suelo porque cada vez que un área rural se vuelve área urbana, por ejemplo, normalmente cuadruplica el costo de ese predio. Entonces no es cierto que haya un intento de democratización”.

Agregó que la norma de regulación “beneficia sobre todo a consorcios de loteadores, que saben lo que tienen que hacer, y que pone en riesgo a montón de propietarios del área urbana que probablemente han viajado o han tenido que ir a trabajar a otro país. Y alguien sin siquiera ir a derechos reales puede pretender la propiedad de ese predio”.