Sentencian a 30 años de prisión a un hombre que mató golpes a una mujer en Chuquisaca
El sujeto admitió el delito por lo que se sometió a un proceso abreviado recibiendo así la máxima pena por el delito de feminicidio
Publicado: 21/10/2023 12:35
Un hombre recibió la máxima sentencia en Chuquisaca, de 30 años de prisión, después que admitió el feminicidio de una mujer de 57 años a la que propinó varios golpes en la cabeza, informó este sábado la Fiscalía.
Un Tribunal del departamento de Chuquisaca dictó la sentencia de 30 años “sin derecho a indulto”, misma que está “ejecutoriada” puesto que el acusado renunció a la apelación, indicó el fiscal departamental, Mauricio Nava.
La causa del fallecimiento es un “traumatismo cráneo encefálico”, añadió.
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El domingo pasado, la víctima llegó hasta una población rural en Chuquisaca para efectuar labores comerciales y después asistió a una fiesta con otras personas dedicadas a ese trabajo.
En la mañana siguiente, la mujer “fue encontrada inconsciente y con visibles signos de violencia a unos 80 metros de la carretera” por una mujer y su hija, quienes informaron a la Policía, precisó el fiscal.
Los agentes policiales trasladaron a la mujer a un hospital, pero murió poco después, por lo que las autoridades iniciaron una investigación en la que se identificó al agresor.
Reportes del Ministerio Público
En su último reporte del lunes pasado, el Ministerio Público cuantificó 68 feminicidios en lo que va del año, la mayoría en los departamentos de La Paz (18), Santa Cruz (18), Cochabamba (10) y Potosí (8).
También, la Fiscalía reportó 39.946 denuncias entre enero y octubre, de las que unas 30.191 se relacionan con delitos por violencia familiar.
Desde 2013 está vigente en Bolivia la ley 348, para “Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación nacional.
Diferentes organizaciones feministas reclaman desde hace varios años que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista.
Además, está estancado en el Parlamento el tratamiento de una reforma que presentó en julio del año pasado el Gobierno de Luis Arce para “fortalecer” la ley 348.
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