Gobierno y Fiscalía apelan y piden ampliar detención de Camacho a seis meses

En las horas previas a la audiencia de apelación a la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría solicitaron que esa medida se amplíe de cuatro a seis meses.

La solicitud de las tres instancias va en contrasentido del pedido de la defensa legal de la autoridad cruceña, que busca que se defienda en libertad.

“Es un derecho que tiene el Ministerio Público, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, están pidiendo que se modifique la medida y que se amplíe la detención de cuatro a seis meses”, señaló Lima en una improvisada rueda de prensa en Sucre, en el marco de la inauguración del año judicial.

La audiencia de apelación del caso Golpe I en el que está implicado Camacho aún no tiene fecha. La defensa legal de Camacho ha denunciado dilación de parte de los operadores de justicia.

“La defensa del señor Camacho está pidiendo que no se le dé la detención preventiva, sino alternativas y medidas sustitutivas a la detención, pero esa determinación la va a tomar la sala penal que salga sorteada del Tribunal de Justicia de La Paz”, dijo Lima.

El ministro de Justicia asimismo defendió la decisión de la justicia de La Paz de enviar con prisión preventiva en el penal de Chonchocoro al gobernador cruceño y aseguró que “no existe absolutamente ninguna afectación al debido proceso”.

“Ellos han presentado la apelación, también la Fiscalía y la Procuraduría, lo que corresponde es que esa discusión jurídica se dé en los tribunales y no en las calles como están pretendiendo ellos”, dijo.

En ese marco, aseguró que el Gobierno de Luis Arce “respeta plenamente los derechos humanos y lo está haciendo en este caso como en el de todos los ciudadanos”, argumentos que -anunció- presentará ante una eventual demanda y quejas internacionales por este caso de parte de Camacho.

“Como ha ocurrido en el caso de la señora Añez vamos a presentar los argumentos y los fundamentos para dejar establecido que en el país se respeta el debido proceso y el derecho a la salud”, señaló Lima.