Felcv de El Alto se quedará sin oficinas; la Procuraduría pide la devolución de su terreno

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto tiene los días contados para desocupar las dependencias que actualmente ocupa en la zona Juan Pablo II, muy cerca de la Ceja. La Procuraduría ha decidido no renovar el convenio y pidió la devolución de los predios.

Según la denuncia planteada por activistas que defienden los derechos de las mujeres la entidad que defiende al Estado pretende instalar en el lugar una escuela de abogados.

Durante la crisis de 2019, las dependencias de la fuerza contra la violencia fueron saqueadas y quemadas al igual que otras instalaciones policiales de la urbe y del país.

Frente a esa situación, y producto de un acuerdo de comodato, la Procuraduría entregó uno de sus predios ubicados cerca de su oficina central.

“No existe buena voluntad de nadie, ni de la Procuraduría en ampliar este espacio para que se siga prestando este servicio tan importante para las mujeres, no solamente de El Alto, sino también de las mujeres que viven en las comunidades cercanas donde no cuenta con SLIM ni con Felcv”, señaló María Quisberth, promotora comunitaria de esa urbe.

Hace tres semanas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo puso en mesa la necesidad de fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) que brindan apoyo a las víctimas de violencia precisamente por los altos índices de este tipo de casos y las falencias que se detectaron en esas oficinas ediles.

Por eso vital que la Felcv cuente con una oficina en una de las urbes más pobladas del país y con un elevado índice de denuncias de violencia.

La Alcaldía de El Alto destinó un terreno en la zona Rosas Pampa, pero en el lugar no existe infraestructura y la construcción que se proyecta a mediano y largo plazo tiene una competencia compartida entre el municipio, el gobierno central y la Policía, según la Ley 348.

La situación de agrava debido a que surgieron trascendidos que dan cuenta que el plan inmediato de es trasladar las oficinas de El Alto a Mallasa, macrodistrito de La Paz ubicado a unos 20 kilómetros de la actual oficina.

Para Quisberth, “si no existe o si ya cierran es difícil que suban” los investigadores desde Mallasa hasta El Alto. Alerta que “tal vez solo vayan a contar cadáveres y eso es lo que no queremos, queremos que sigan brindando atención a las mujeres”.

La distancia es otro factor que puede orillar a las víctimas a declinar sus denuncias, advierte la activista.

“Desgraciadamente la gente (la víctima) no va a bajar a Mallasa porque eso simboliza, para una mujer que sale de violencia, primero dinero, porque no nos escapamos solas. La mayoría de las veces son mujeres que están salvando su vida y la de sus hijos”, subrayó.