El Gobierno compró manillas electrónicas en Bs 2,2 millones cuando la ley aún se trata en el Legislativo, denuncia CC

El proyecto de ley para el uso de manillas electrónicas para presos con detención preventiva aún se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De hecho, el martes se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y pasó al pleno tras su aprobación.

No obstante, el Gobierno aparentemente ya compró los dispositivos por un valor de $us 323.000, unos Bs 22 millones.

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La denuncia fue planteada este jueves por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, quien consideró que este caso se encuadra en el delito de “daño económico”.

“En la sesión para tratar la ley de las tobilleras electrónicas, que en una de sus aplicaciones reemplazan a la detención preventiva, el ministro nos ha mostrado una lámina donde se comprueba que ya han adquirido en el Ministerio de Gobierno 500 tobilleras a un precio aproximado de 323.000 dólares sin que esta ley esté todavía aprobada”, denunció el legislador opositor.

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La Comisión de Constitución de Diputados aprobó el martes el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia.

El presidente de esa instancia legislativa, Juan José Jáuregui (MAS), explicó que la norma tiene el fin de regular el uso, control y funcionamiento técnico de este tipo de dispositivos de vigilancia.

Argumentos

Horas antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llegó hasta esa instancia para explicar los alcances de la norma y destacó la proyección de reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

El plan normativo contempla el uso de las manillas como medida de protección para las víctimas de violencia y como medida cautelar en procesos judiciales.

Alarcón puntualizó que “recién ha pasado el trámite de la ley en la Comisión de Constitución, falta todavía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se promulgue la ley, se la publique y recién se la pueda ejecutar y en consecuencia hacer todas las adquisiciones que correspondan si es que resultaría aprobada la ley”.

“¿Qué pasaría si esta ley es rechazada?”, cuestionó el legislador y luego añadió: “Esos 323.000 dólares serían un daño económico contra el Estado y aún en el caso de que se la aprobaría la ley, pese a las observaciones estructurales que tenemos no es la forma honesta y transparente de hacer las adquisiciones”.

Se prevé que la próxima semana se trate la norma en el pleno de Diputados.

Alarcón anunció que sostendrán el rechazo a la norma y “acto seguido va a ser un proceso de fiscalización al ministro de Gobierno”.