Consejo de la Magistratura no se pronuncia sobre las denuncias contra el juez que ordenó la detención de Camacho

Desde el Consejo de la Magistratura aún no se pronunciaron sobre las denuncias presentadas por el Colegio de Abogados de La Paz, sobre irregularidades en la designación del juez Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, quien mandó a la cárcel al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La denuncia del ente colegiado señala que, el juez Pacheco fue suspendido cuando era funcionario judicial. Esta situación no habría sido tomada en cuenta al momento de su posesión como autoridad jurisdiccional.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Abogados, Edson Foronda, señaló que tras esta falta judicial, esta persona no debió ser posesionada como titular de un Tribunal de Justicia de La Paz. Observó que antes de su nombramiento se debió verificar faltas y sanciones en el Consejo de la Magistratura.

UNITEL, trató de comunicarse con la presidenta del Consejo de la Magistratura de La Paz, Carminia Cusicanqui; sin embargo, la relacionadora pública de esta dirección señaló que aún no se pronunciará sobre el caso.

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Ante esta observación, la defensa legal del gobernador Camacho, señaló que esta situación pone en duda la legalidad del juez octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino.

“Tenemos conocimiento que el juez hubiera tenido una sanción administrativa de un proceso disciplinario de destitución que hubiera tenido este juez, lo que lo inhabilitaría para postularse el año 2021. Por lo tanto, creemos que su postulación y su elección como juez esta discutida por la legalidad”, dijo el abogado Martín Camacho.

Camacho está en Chonchocoro en calidad de detenido de forma preventiva por orden del juez Pacheco, quien dispuso que sea remitido a prisión por cuatro meses.

El gobernador cruceño es acusado por el delito de terrorismo en grado de autoría en el denominado caso golpe I, que investiga la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia el 2019, tras denuncia de fraude electoral, que fue corroborado por una auditoría de la OEA.