Caso ambulancias: Fiscalía debe decidir destino del gobernador de Potosí hasta fin de mes

El caso de las “ambulancias fantasmas” de Potosí parece no avanzar. La Fiscalía debe pronunciarse hasta fin de mes sobre el futuro del gobernador Jhonny Mamani, anunció el asambleísta departamental, Jaime Flores, quien consideró que hay encubrimiento de los operadores de justicia y del Gobierno en favor de la autoridad departamental.

“Lamentablemente este 28 de enero cumple el plazo de seis meses para que el Ministerio Público pueda presentar un requerimiento final fundamentado, ya sea de acusación o de sobreseimiento, pero el Ministerio Público se toma todo el tiempo para poder realizar todos estos requerimientos”, cuestionó el legislador regional.

Hasta el momento, existe al menos media docena de procesados dentro de este caso, pero ninguno está en la cárcel. El gobernador Mamani fue imputado en julio del año pasado, pero recién compareció ante un juez cautelar en octubre.

Recientemente un juez lo beneficio con libertad, pero otro magistrado revocó esa decisión y confirmó su detención domiciliaria.

Los denunciantes esperan tener una resolución final de la Fiscalía sobre su situación legal para los próximos días.

“Entendemos que hay una especie de complicidad, benevolencia por parte del Ministerio Público y también de altas autoridades del poder Ejecutivo porque no podemos explicarnos cómo ante tanta evidencia el gobernador sigue fungiendo en sus funciones, que no cumple con las medidas cautelares y es un protegido del MAS”, afirmó el asambleísta.

En su criterio, “se le ha imputado solo por un delito, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y si nosotros hacemos un análisis de todos los datos de la investigación, el gobernador debería estar imputado por unos dos o tres delitos”.

Sobre Mamani además pesan otras denuncias por la fallida adquisición de tres camionetas y una vagoneta para la Policía y otras reparticiones.

Sin embargo, “lo que pretende el MAS desde la Asamblea es inculpar a funcionarios del mando medio y exonerar al gobernador” y “tapar este hecho de corrupción”, denunció Flores.

A decir del asambleísta potosino, aunque -según la Gobernación- no existe daño económico, los hechos dan cuenta que no se ejecutó por ejemplo la boleta de garantía ni las multas. “Estamos hablando de un daño económico que oscila los 11 millones de bolivianos”, aseguró.

UNITEL buscó la versión del fiscal a cargo del caso en Potosí y del gobernador potosino sobre estas denuncias, pero no han respondido a los requerimientos, de todas formas, este medio seguirá insistiendo con ese fin.

Haciendo una comparación con el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado por el caso golpe I y enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro de Viacha, en La Paz, a fin de 2022, Flores insistió en que “existe un favorecimiento de parte del Ministerio Público, del propio poder judicial y, entendemos también, del propio poder Ejecutivo” para Mamani.

“Por qué hasta ahora ni el ministro de Justicia, menos el ministro de Gobierno ha mostrado una postura, una decisión con respecto al gobernador, tomando en cuenta que en Santa Cruz existe otro gobernador, prácticamente violando todos sus derechos, que ha sido arrestado y hoy está cautelado en Chonchocoro”, afirmó.