Caso ambulancias fantasmas: A un año de la denuncia no hay ningún detenido por la justicia

A un año de la denuncia del caso de las 41 ‘ambulancias fantasma’ en la Gobernación de Potosí, la denuncias de impunidad giran en torno a la máxima autoridad departamental, Jhonny Mamani, principal acusado del caso cuya investigación concluye el 28 de enero, según la información del Ministerio Público.

Oposición y el oficialismo concuerdan en que el gobernador potosino debe ir a la cárcel por corrupción, así como también se debe profundizar las pesquisas que apuntan a otros implicados en el caso. Todos fueron imputados en julio de 2022 y se espera tener una resolución final fundamentada para los próximos días.

“Este 28 de enero sí o sí se debe emitir esa resolución por parte del Ministerio Público”, apuntó el asambleísta Jaime Flores, uno de los denunciantes del caso en los que se observó que el precio pactado para la adquisición de las 41 ambulancias asciende a Bs 20,5 millones, monto superior a otras cotizaciones registradas en el proceso de contratación.

Hasta el momento, hay al menos media docena de procesados dentro de este caso, pero ninguno está en la cárcel. El gobernador Mamani fue imputado en julio, pero recién fue cautelado en octubre.

En diciembre, en plena vacación judicial, el juez Raúl Raya otorgó la libertad irrestricta al gobernador que es de la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), pese a los indicios de presunta corrupción, según el asambleísta Jaime Flores, quien apuntó que no sería la primera vez que Raya lo beneficiaba.

Sin embargo, tras el repudio y la presión social en Potosí, la justicia dio marcha atrás y un vocal revocó la libertad y determinó el arresto domiciliario para el gobernador, quien evita dar declaraciones sobre el tema, mientras que desde la Gobernación afirmaron a UNITEL que no se emitirán criterios sobre el tema.

“Lo único que han hecho ellos es hacer un daño tremendo a Potosí y esto no se va a permitir”, reclamó por su parte el dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En medio de estos reclamos, la situación apunta al Órgano Judicial. Según la perspectiva del Colegio de Abogados de Potosí, no existe independencia para procesar a los implicados en el caso, tema que es observado no solo desde la oposición, sino también desde el oficialismo.

“En Santa Cruz, cuando se ha generado una denuncia parecida no tardan ni 72 horas en hacer allanamientos, detenciones y secuestro de documentación. En Potosí se tardó más de seis meses en hacer un allanamiento”, denunció la asambleísta opositora Azucena Fuertes.

Mientras que el oficialista Javier Flores expresó su preocupación debido a las denuncias de corrupción que involucran a su gobernador y observó que el Ministerio Público no está a la altura de la investigación. “Me duele que en Potosí no se active nada para este tema, aquí en Santa Cruz se activan contra su gobernador”, matizó.

Desde la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Tomás Katari, el dirigente Javier Mundocorre recordó que la candidatura del gobernador potosino fue designada por Evo Morales, el jefe del masismo, y elegido por los movimientos sociales alineados con el oficialismo. “La justicia no solo puede ser para Camacho, tiene que haber justicia para este gobernador corrupto, sí o sí”, subrayó.

Actualmente, el gobernador de Potosí se defiende con arresto domiciliario y desde la cárcel el exlíder cívico Marco Antonio Pumari señaló que él fue aprehendido y enviado a prisión en menos de 48 horas -en diciembre del 2021- y lanzó una serie de mensajes a través de una carta que fue entregada a UNITEL.

“Para nadie es desconocido que en el país no existe justicia, a jueces y fiscales nos les tiembla la mano para encarcelar a inocentes y dejar libres a verdaderos delincuentes, en especial a los que roban al Estado. Jhonny Mamani debería estar acá, en la cárcel, por las pruebas e indicios que indican su culpabilidad”, reza la carta de Pumari.

El excívico recordó que al gobernador lo envuelven obras fantasmas y con sobreprecio, el caso mochilas, las 41 ambulancias fantasmas y camionetas adquiridas de manera irregular para la Policía, mientras que en los centros penitenciarios hay mucha gente con detención preventiva por delitos menores y “los que roban millones están en las calles”, advirtió y observó también impunidad.

Sin embargo, la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, expuso que la investigación todavía está en curso y dentro de los plazos que corresponde, por lo que todavía el tema sigue su curso, pero no hay rastro de las ambulancias en los centros de salud públicos a los que debían estar destinadas.

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