Seguridad

Cabildo de Llallagua exige penas más duras contra asesinos y el cambio de jueces, fiscales y policías

Tras la marcha de protesta en el municipio potosino, los pobladores se declararon en estado de emergencia hasta que las autoridades atiendan sus demandas

30 de junio de 2022

Tras la marcha de protesta por el infanticidio de Jhair Matías, de 6 años de edad, los pobladores del municipio de Llallagua, en el departamento de Potosí, se declararon en emergencia y pidieron cambio de operadores de justicia, policía, además de sanciones más duras contra asesinos.

En el primer punto del pliego, los pobladores plantearon pena de muerte contra los asesinos y también pidieron penas más duras.

“Esta tarea es para nuestro diputados y senadores, proyectos de ley más duros para castigar a los asesinos y violadores”, señalaron durante la lectura del documento ante el cabildo.

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En otro de los puntos, pidieron cámaras de seguridad para el municipio de Llallagua y especial para los colegios y mayor inversión en seguridad ciudadana en los establecimientos educativos.

Además reclamaron, “cambio de autoridades, jueces, fiscales y policías” y “cambio total de la Policía y del SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales)”.

En la concentración, los pobladores dieron un plazo de 24 horas a las autoridades municipales para atender las demandas.

En la previa del cabildo, el presidente del Comité de Defensa de los Intereses de Catavi, (Codinca), Víctor Prieto, pidió al presidente Luis Arce Catacora atender las demandas.

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“Llallagua está consternada por estas situaciones”. Indicó Prieto , en contacto con NorTV.

Este miércoles a media mañana, Jhair Matías fue sacado de su unidad educativa por Marlene O.S., la actual pareja de su progenitor. La mujer argumentó que el niño estaba mal del estómago y se lo llevó en brazos.

Horas después el niño fue hallado en un terreno baldío tras denuncia de unos vecinos de la calle Aroma del sector Villa 10 de Noviembre. La autopsia reveló que el menor fue envenenado.

Marlene O.S., de 19 años de edad, confesó el crimen y se sometió a proceso abreviado. La justicia determinó 30 años de presión en el penal de Cantumarca de la ciudad de Potosí.

En tanto, el padre del menor Rubén G. Z., de 26 años de edad, fue enviado a la cárcel con detención preventiva acusado por complicidad en el infanticidio.