Avasallamientos: CAO ve una falta de Estado y de respeto por las instituciones y la vida

Una falta de Estado y respeto por instituciones y la vida es lo que señala por productores ante los últimos hechos de violencia generadas por grupos que se denuncian están armados y que toman por la fuerza predios privados o de comunidades.

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), recordó que desde cuando se dio el primer incidente, “cuando la Policía fue atacada por avasalladores con armas de fuego”, se dijo que esto iba a llevar a un espiral sin precedentes de violencia si no se sentaba mano dura contra estos civiles que usan armas de fuego en contra de otros civiles.

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De acuerdo a cifras brindadas por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), a la fecha, se tiene 62 comunidades avasalladas y 37 predios privados haciendo un total de 99 casos de toma de tierra irregular en el departamento cruceño.

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"Se ha agravado este tema. Este tipo de casos son cada vez más recurrentes y cada vez más violentos (…) estos hechos violentos son categorizados como terroristas incluso porque hay ataques que son desmedidos y programados”, dijo.

Justiniano remarcó también que se tiene una comunicación permanente con las distintas instancias del INRA, pero apuntó una limitante que tiene esta institución cuando se emite una orden y se tiene que pasar a manos de la Policía para hacer los desalojos, “es ahí cuando se tiene varios casos en donde, literalmente, se han quedado en un escritorio, porque no se tiene un apoyo contundente de la Policía”.

Dijo que se tienen distintos problemas, que no solo son competencia del INRA, también de otras instancias pues “lo que está pasando es que la inseguridad repercutirá en lo que viene a ser una falta de garantía para que el productor siga generando la soberanía alimentaria”.

En el caso específico de Las Londras, considera que debió de darse desde un inicio del problema la participación del Ministerio del Gobierno, pero que esto es solo una parte, y que a “casi una semana se demora una acción que vaya a sentar la presencia de Estado, no es lo adecuado, se necesita de que esas personas (violentas) sean capturadas”, pero que los jueces y fiscales hagan también su trabajo.

“(Se pide) la aplicación de la ley, existe una ley, la presencia de Estado se debe dar de hecho, para que se generen las garantías respectivas a todos los que ostenten la propiedad de la tierra, ya sean productores o comunidades”, subrayó.