Ante eventual cierre de la FELCV de El Alto, la Alcaldía analiza reconstruir oficinas quemadas

Hay alerta en la ciudad de El Alto ante el inminente cierre de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). La Alcaldía analiza refaccionar las dependencias que ocupa en la Ceja debido a la que construcción de una infraestructura implica un plazo mayor.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, el coronel Gonzalo Garvizú, informó que sostuvieron una reunión con el procurador Wilfredo Chávez y el vocero de la alcaldesa para tratar el asunto, pero se ratificó el plan de la Procuraduría de instalar una escuela de abogados.

“Ellos manifiestan que van a activar la escuela de abogados. ¿Cuál es el bien mayor y cuál es bien menor? En este caso el bien mayor es de que la FELCV siga funcionando en esos ambientes hasta que podamos ver otra infraestructura”, señaló.

Durante la crisis de 2019, las dependencias de la fuerza contra la violencia ubicadas en la Ceja de El Alto fueron saqueadas y quemadas al igual que otras instalaciones policiales de la urbe y del país.

“Estamos viendo la posibilidad de evaluar el otro ambiente que tenía, que está quemado, para ver y realizar el análisis, los costos los cuales tendríamos que presupuestar para poder rehabilitarlo”, anunció Garvizú.

La Procuraduría ha decidido no renovar el convenio y pidió la devolución de los predios.

Según la denuncia planteada por activistas que defienden los derechos de las mujeres la entidad que defiende al Estado pretende instalar en el lugar una escuela de abogados.

¿Existe la posibilidad de ampliar el comodato? “Nos hemos reunido con el señor procurador y nos dijeron que la escuela de abogados tiene que funcionar el próximo año y no se ha visto la predisposición de ampliación del comodato”.

La Alcaldía de El Alto destinó un terreno en la zona Rosas Pampa para construir nuevas oficinas, pero en el lugar no existe infraestructura y la construcción que se proyecta a mediano y largo plazo tiene una competencia compartida entre el municipio, el gobierno central y la Policía, según la Ley 348.

Garvizú puntualizó que está pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional el trámite de trasferencia del derecho propietario del terreno a la Policía.

A eso suma que debido a la reducción de recursos económicos, la administración edil no cuenta con el presupuesto para su edificación.