Ante escándalo por supuesta venta de ítems, la Alcaldía formaliza denuncia ante la Fiscalía

Después de que miembros de la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sentarán una denuncia por la aparición de un nuevo caso de supuesta venta de ítems fantasmas, desde la Alcaldía exteriorizaron que ya se sentó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

El vocero de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Fernando Montenegro, confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes el pasado 28 de noviembre y los concejales denunciantes pueden hacer seguimiento; la encargada del caso es la fiscal Marcela Terceros.

“El municipio (la Alcaldía) es el primer interesado de que cualquier duda o caso de posible corrupción sea investigado hasta llegar a la verdad material de los hechos”, manifestó Montenegro en conferencia de prensa, a tiempo de advertir que cualquier persona involucrada o que tenga relación en hechos irregulares relacionados con la comuna será llevado ante la justicia.

Según la denuncia que fue expuesta por el concejal Juan Carlos Medrano (C-A), cerca de 75 personas fueron estafadas por un supuesto funcionario identificado como J. C. Dorado, quien sería un dependiente de la Secretaría de Salud y que los ítems y contratos tienen la firma del alcalde Jhonny Fernández.

En este sentido, desde la Dirección de Asuntos Jurídicos reportaron que dicho funcionario fue cesado de sus labores “hace tiempo”, pero dejaron entrever que será la investigación del Ministerio Público la que se decidirá a quién se convoca para impulsar el caso que no es el primero de estas características en el interior de la municipalidad.

“Hemos recibido información de 75 víctimas que pagaron entre $us 1.000 y $us 2.000 para trabajar en la Alcaldía”, expuso Medrano al apuntar también que en el caso también estarían involucrados concejales y exfuncionarios de Recursos Humanos.

Montenegro agregó que la Alcaldía está haciendo seguimiento al tema y va a exigir que cualquier sea la persona involucrada en temas de corrupción, paguen por los delitos que se hubieran cometido.

Las personas estafadas, de acuerdo con la denuncia, recibían un presunto memorándum confirmando la asignación del cargo y se les aseguraba que tendrían un ítem durante cinco años, pero eran desvinculados a los pocos meses.

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