TCP dispone la prórroga de los actuales magistrados hasta la realización de las elecciones judiciales
El TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.
En ese marco, con la resolución 0049/2023 dispuso que las autoridades actuales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen nuevos comicios, informó el magistrado René Espada.
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“Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial, como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y producto de la elección que tiene que ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional”, señaló el magistrado.
De esta manera, el fallo pone fin a la polémica por el futuro del mandato de los actuales magistrados, que se cumple el 2 de enero de 2024, y ante el riesgo de un vacío legal debido a la postergación sin fecha de los comicios judiciales.
A través de la consulta de constitucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) observó el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto ley 144/2022-2023, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024.
Esta última dispone que el personal subalterno quede a cargo hasta la posesión de las nuevas autoridades y suspende los plazos procesales.
“No se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a parir del 2 de enero de estas instancias máximas de la administración de justicia, es decir, no tiene atribución”, afirmó el magistrado René Espada.
El debate en el Legislativo estaba estancado debido a este trámite.
El TCP declaró la inconstitucionalidad de esta disposición adicional, con el argumento de que no se puede dejar sin servicio judicial a la población.
Expectativa
La sesión se instaló después de las 11:00 de este lunes y durante el resto de la jornada la expectativa crecía.
Cerca de las 20:00, el magistrado Petronilo Flores abandonó las instalaciones judiciales tras anunciar un “cuarto intermedio” de media hora en la reunión de los magistrados.
No obstante, no deslizó ningún criterio sobre la declaración constitucional “porque estaría complicando el contenido de esta resolución”.
“Solamente puedo decir que siempre debemos enmarcarnos en el respeto a la Constitución, promover el respeto, la vigencia de los derechos fundamentales de todos los bolivianos”, afirmó.
Consulta
El 7 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió en consulta el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023 - 2024 a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
El objetivo - según explicó esa repartición legislativa- era evitar un nuevo freno al proceso tal como ocurrió con dos procesos anteriores, que no avanzaron por recursos legales.
Tras recibir el documento, el TSJ derivó la consulta al TCP, que admitió el trámite. En ese marco, se suspendió su tratamiento en el Legislativo, que desde entonces espera un pronunciamiento.
Conminatoria
Ante el silencio del TCP, la semana pasada, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a los representantes de esa instancia para analizar una salida al posible vacío de poder que puede generarse tras los comicios.
Las autoridades judiciales cumplen su gestión este 31 de diciembre y no hay autoridades electas debido a la postergación sin fecha de los comicios judiciales, lo que ha preocupado inclusive a organismos internacionales.
La reunión concluyó con una conminatoria al TCP: Los magistrados tenían 72 horas para pronunciarse sobre el trámite. En ese ínterin, surgieron planteamientos de juicios de responsabilidades.