Resolución sobre juicio a Añez señala que desconocer su Presidencia “sería poner en duda la legalidad” de actuales autoridades
Un Tribunal de Sentencia se niega a enjuiciar a la expresidenta por la vía ordinaria, recuerda que las leyes que promulgó permitieron la elección de las actuales autoridades electorales y del Órgano Ejecutivo
Publicado: 31/10/2023 11:12
Un Tribunal de Sentencia de El Alto se niega a enjuiciar a Jeanine Añez por el caso Senkata mediante la vía ordinaria, tal como lo pide el Ministerio Público, por considerar que los actos que realizó como presidenta del Estado deben ser juzgados en un juicio de responsabilidades que debe administrar el Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo señala la Constitución Política del Estado.
La Fiscalía General del Estado se niega a reconocer el mandato de Jeanine Añez y ha presentado la imputación en su contra por la vía ordinaria, lo que el Tribunal de Sentencia señala no es correcto.
La resolución del Tribunal alteño recuerda que los actuales Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral “emanan de las normas promulgadas” por Añez como presidenta del Estado por lo que “desconocer esa institucionalidad, aunque inicialmente con defectos, sería poner en duda la legalidad de referidas autoridades”.
La resolución añade que de las normas promulgadas en esa Presidencia ahora existen “varios derechos adquiridos como el derecho laboral, los derechos políticos o electorales”.
El Tribunal además advierte que si teniendo estos antecedentes se decide iniciar el juicio “se estaría incurriendo en nulidad absoluta del proceso” por lo que se debe garantizar el mismo según lo que señala la normativa vigente.
La Fiscalía acusó el pasado 23 de octubre de “genocidio” a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) “se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad” por “genocidio”, porque hubo una “grave vulneración a los derechos humanos” y “ejecuciones sumarias”.
Entre los acusados están Áñez, los exministros de Defensa, Gobierno (Interior) e Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata a la Asamblea Legislativa Plurinacional en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
Sin embargo, un par de tribunales en las jurisdicciones de La Paz y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria. El rechazo del Tribunal de El Alto es el primer revés jurídico para la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado sobre el tema.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado “golpe de Estado II”, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
Tags