Relator de la ONU insta al Gobierno poner fin al “abuso de las detenciones preventivas”

Tras su visita en febrero en Bolivia, este miércoles se difundió el informe final del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayan, sobre la situación de la justicia en Bolivia. Se destaca la recomendación en la que insta al Gobierno a poner fin a las detenciones preventivas y observa, entre otras cosas, la elección de magistrados de la justicia.

"Las detenciones preventivas deben ser excepcionales", señala parte del informe de García-Sayán. 

En el documento el relator de la ONU insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Destaca que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y las normas bolivianas. 

"Corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal", señala el documento. 

Otra observación que realiza García-Sayán está relacionada con la elección por sufragio universal de los integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura.

"No ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, señala una de las conclusiones del informe.

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El documento agrega que los jueces, vocales y magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción.

Otra observación de García-Sayán está relacionada a la carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública en el área rural, la falta de adecuada financiación, la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad.

A ello se añade la tendencia a la judicialización, por la vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de otra forma.

Señala también que existe una profunda desconfianza de los actores políticos y sociales del país en la administración de justicia.

Agrega que el Tribunal Constitucional Plurinacional enfrenta una carga de trabajo elevada por el abuso de la figura de inconstitucionalidad para actuar sobre problemas y aspectos de los procesos judiciales ordinarios.