Reforma judicial: Juristas acusan al Tribunal Electoral de poner “obstáculos” para no realizar referéndum

El grupo de abogados independientes que inició una campaña jurídica nacional para la recolección de firmas para una reforma judicial, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó como requisito la transcripción de todos los libros recolectados a un sistema informático.

Ante esta situación, el jurista que impulsa esta iniciativa ciudadana, Juan Del Granado, manifiesta que realizar este trabajo sería un impedimento “imposible” de cumplir. Los juristas argumentan que constituiría en un gasto millonario.

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“Los fundamentos de nuestro petitorio han sido de orden técnico y de orden constitucional. De orden técnico, 250 voluntarios, de donde vamos a sacar estas personas que trabajen las 24 horas del día que trabajen dos meses y medio en tres turnos. Esto en cálculos mínimos nos hace un millón de bolivianos”, explicó el jurista.

Ante esta situación, el grupo de juristas anuncia la presentación de un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra los miembros del TSE por impedimento a la presentación de los libros con las firmas de ciudadanos que apoyan la reforma judicial. Esta acción fue calificada como una obstrucción a la democracia participativa.

“Tenemos que acudir a la justicia constitucional, porque es un obstáculo que nos permite entender las dificultades que todo este tiempo nos han presentado desde el Tribunal Supremo Electoral”, señaló.

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El grupo de juristas se encuentra en proceso de recolectar un millón y medio de firmas para exigir una reforma judicial. Mediante esta acción jurídica se pretende activar un referendo para modificar la Constitución y así conseguir la reforma de la justicia.

Sin embargo, desde el TSE exigen como requisito técnico, la transcripción de los libros mediante un sistema informático. La vocal Dina Chuquimia señala que las normas vigentes para la verificación de firmas y huellas son “libros adherentes”.

“El TSE requiere que esos datos (huella y firma) estén digitalizados, ya que esos datos deberán contrastarse con el padrón electoral. Lo que significa que en los libros adherentes todos los ciudadanos tienen que estar empadronados. Esta situación ya tenían conocimiento los juristas independientes para que se realice un referéndum para la posible modificación de la Constitución en el caso específico de justicia”, explicó Chuquimia.