Proyecto de ley “unificado” plantea censo en 2023, nuevos escaños, pacto fiscal y revisión del padrón

El proyecto de ley “unificado” sobre el censo que presentaron los legisladores de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, en coordinación con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, plantea que el censo se ejecute en 2023 y sus resultados se entreguen en el primer semestre del siguiente año.

De esta manera, el documento va en contrapartida de lo establecido por el Gobierno, que fijó que el empadronamiento se desarrolle el 23 de marzo de 2024.

Pero no es todo. También establece una nueva distribución de escaños parlamentarios para las elecciones presidenciales de 2025, el diseño de un nuevo pacto fiscal y el “saneamiento” del padrón electoral, todo con base en los resultados de la encuesta nacional.

En las horas precedentes, el texto fue presentado por las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana en el Legislativo, pero la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) postergó su tratamiento.

El proyecto de norma que emergió de las reuniones que sostuvieron los legisladores cruceños de oposición tiene como primer objetivo “garantizar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda durante la gestión 2023”.

Otro de los fines es “regular la aplicación de los resultados finales del Censo en el primer semestre del año 2024, para efectos de la realización del pacto fiscal, redistribución de los recursos económicos y reasignación de escaños entre departamentos en la Cámara de Diputados”.

La demanda de un nuevo pacto fiscal, que establezca una nueva redistribución de recursos económicos, no es nueva. Santa Cruz reivindica esa premisa para cuestionar al centralismo estatal.

El artículo 12 del proyecto de ley establece que “una vez entregados los resultados finales oficiales del Censo, en un plazo no mayor a seis (6) meses, se deberá volver a reunir el Consejo Nacional de Autonomías, para la concertación final y la suscripción del Pacto Fiscal sobre la redistribución de los recursos económicos”.

Asimismo, el artículo 13 señala que “la redistribución de los recursos económicos a los nueve Departamentos del país, que debe ser realizada indefectiblemente a finales del primer semestre de la gestión 2024”.

El decreto que el Gobierno promulgó el fin de semana pasado fija la redistribución para septiembre de 2024.

Otra demanda que es base de las movilizaciones en Santa Cruz es una nueva asignación de escaños parlamentarios para las elecciones presidenciales de 2025. Este trabajo se efectúa con base en la cantidad de habitantes de los departamentos.

El artículo 15 del proyecto de ley señala que “el Órgano Electoral Plurinacional, en conocimiento de los resultados finales oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023, en un plazo máximo e improrrogable de sesenta 60 días calendario deberá realizar de manera obligatoria la reasignación de los escaños parlamentarios que correspondan a cada Departamento, los cuales serán de aplicación vinculante para el desarrollo de los comicios nacionales del año 2025 y en lo venidero”.

Sectores opositores desconfían de la solvencia del padrón electoral y consideran que tiene deficiencias. De hecho, han denunciado un presunto “fraude” en anteriores comicios, algo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha descartado.

El proyecto de ley “unificado” plantea en su artículo 14 el “saneamiento” del padrón electoral para las futuras justas electorales”.

“El Instituto Nacional de Estadística, una vez obtenidos los resultados finales del Censo Nacional de Población y Vivienda, los remitirá en un plazo no mayor a un mes al Órgano Electoral Plurinacional, a efectos del saneamiento del Padrón Electoral”, reseña el documento.

En esa línea, sugiere que sus resultados puedan “ser aplicados en las elecciones generales de autoridades nacionales y elección de autoridades subnacionales para el periodo constitucional 2025-2030 y en lo venidero”.