Pinckert pide asilo: 13 exministros de Jeanine Añez enfrentan procesos ante la Justicia

Continúan los procesos y acusaciones en contra de los exministros que acompañaron la gestión transitoria de Jeanine Añez. La última en enfrentar a la justicia es María Elva Pinckert, que estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente, y que ahora tiene una orden de aprehensión en su contra.

Pinckert se declaró una perseguida política y dijo que por este motivo tuvo que ponerse a buen recaudo pues considera que no hay las garantías constitucionales ni jurídicas para enfrentar un proceso justo y equilibrado. "He pedido asilo para ciudadanos que somos perseguidos políticamente por regímenes", dijo en una carta pública.

La exautoridad es investigada por presuntas designaciones ilegales cuando estuvo como autoridad. Fue citada a declarar el pasado 30 de marzo pero no se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por lo que se activó una orden de aprehensión. 

En su defensa, Pinckert sostuvo que había pedido una nueva fecha para la toma de su declaración pues ahora atravesaba un momento de depresión por el fallecimiento de su esposo a causa del Covid.

El caso de la mujer, de 60 años, que también fue concejal del municipio de Montero y exsenadora del Estado, se convierte en uno más de los que se han iniciado en los últimos meses en contra de los excolaboradores de Jeanine Añez,  actualmente con detención preventiva en el penal de Miraflores tras la denuncia interpuesta por la exdiputada, Lidia Patty, por los hechos que generaron la salida del poder de Evo Morales en 2019.

Por el caso que desde el Gobierno y el MAS se acusa como un Golpe de Estado, también enfrentan cargos por sedición y terrorismo Álvaro Coímbra, exministro de Justicia; Rodrigo Guzmán, de Energía y Yerko Núñez, de la Presidencia. Los dos primeros están en la cárcel de San Pedro, mientras que el último se declaró en la clandestinidad por lo que pesa sobre él una orden de aprehensión. 

También, dentro de las denuncias que enfrentan los exministros de Añez figuran las cuatro proposiciones acusatorias planteadas por el Ministerio de Justicia y que fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado; una de ellas es la del préstamo de $us 327 millones gestionado ante el Fondo Monetario Internacional en el que se incluye en un posible juicio de responsabilidades a los exministros de Economía José Luis Parada, Branko Marinkovic y Oscar Ortiz.

En las proposiciones también se implica a los exministros de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez y Adhemar Guzmán, por la aprobación del decreto 4356 que ampliaba la administración de Fundempresa al sector privado.

Diputados del MAS también plantearon una proposición acusatoria en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López, por las muertes de Senkata y Sacaba.

Ambas exautoridades fueron los primeros en salir del país; hay registros que lo hicieron posterior a la elección de octubre de 2019. Tanto Murillo como López son acusados también por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otros materiales no letales para la Policía.

Otra que también fue implicada en las proposiciones acusatorias fue Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, quien solicitó refugio en Perú luego de conocerse la detención de Jeanine Añez. Su nombre figura en el grupo de exautoridades a quienes se pretende enjuiciar por el decreto que aprobó las restricciones durante la pandemia.

La exministra de Salud, Eidy Roca, también enfrenta cargos por la presunta compra irregular de 324 respiradores chinos que, dentro de las pesquisas iniciales, se determinó que en realidad son aparatos que no se utilizan en terapia intensiva, sino que son ventiladores con funcionalidad para servicio de emergencias, además que hubo un supuesto sobreprecio en su contra lo que causó un daño económico al Estado.

En todos los casos diferentes actores del Gobierno y el poder judicial han asegurado que existe una total independencia de poderes y que no hay ningún tipo de injerencias por lo que cada caso se investiga de manera imparcial y objetiva y que lo que se persigue es obtener la verdad histórica de los hechos para impartir justicia.