Pacto de Unidad y la COB se declaran en emergencia por movilizaciones a favor de Camacho

El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que tras una reunión entre el Gobierno y el Pacto de Unidad, se determinó ingresar en un estado de emergencia ante las movilizaciones nacionales por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y otros líderes políticos encarcelados.

“Habíamos convocado a una reunión de emergencia para una reunión por lo que está pasando en Santa Cruz. Todas las organizaciones sociales hemos coincidido en declararnos en estado de emergencia”, dijo Huarachi.

En la reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce y los representantes de los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se acordó convocar a una movilización nacional para respaldar al gobierno boliviano.

“Las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización de nuestro gobierno, ante cualquier intento de un golpe de estado (...) y en movilización permanente en los nueve departamentos y nuestras concentraciones”, dijo Huarachi.

Además, el dirigente del ente matriz obrero, respaldó el informe del Ministerio de Gobierno, donde se hizo referencia al operativo que se montó para la aprehensión de la autoridad cruceña. Huarachi dice que “no hubo secuestro y violación a los Derechos Humanos”, referido a la detención de Camacho.

Por su parte, el presidente Luis Arce, respaldó la decisión asumida por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. Señaló que en dicha reunión, “hubo bastante debate y reflexión” por lo sucedido en la ciudad de Santa Cruz, donde varios sectores piden la libertad de Camacho.

Saludamos y apoyamos esta decisión que se asumió por nuestros sectores. Compartimos plenamente que existe un solo proceso de cambio y por lo tanto estamos en una franca unidad en este momento ante la coyuntura política que vive el país”, dijo Arce en conferencia de prensa.

El anunció lo dieron a conocer en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo la noche de este viernes.

El gobernador cruceño es acusado por el delito de terrorismo en grado de autoría en el denominado caso golpe I, que investiga la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia el 2019, tras denuncia de fraude electoral, que fue corroborado por una auditoría de la OEA.