Oposición dice que nueva ley contra ganancias ilícitas se tratará el 4 de abril

Después de que saliera a la luz que el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) busca iniciar el tratamiento de un proyecto de ley fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la diputada Tatiana Áñez (Creemos) confirmó a UNITEL que este tema está en la agenda del 4 de abril de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, en la Cámara de Diputados.

Esta comisión la conforman siete parlamentarios del oficialismo y tres de la oposición (dos de Comunidad Ciudadana y una de Creemos). Áñez es parte del bloque minoritario y, tomando en cuenta esta situación, expuso que el partido azul pretende aprovechar su mayoría para introducir en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley.

Tomando en cuenta este contexto, la diputada opositora busca que el 4 de abril estén presentes los representantes de los sectores que se movilizaron en noviembre de 2021 contra la extinta Ley 1386, de similares características al proyecto de ley que será puesto sobre la mesa.

La legisladora denunció que el MAS busca hacer valer su mayoría en la Comisión y pretende aprovechar la coyuntura actual para insertar una nueva ley, es decir, tomando en cuenta que líderes opositores como el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se encuentran en la cárcel.

“Este proyecto de ley busca lo mismo que la Ley 1386 y el masismo piensa que va a encontrar una ciudadanía desmovilizada a raíz de los atropellos contra la oposición y la misma población, creyendo que se ha perdido fuerza”, apuntó Áñez.

En este sentido, la parlamentaria cruceña adelantó que ya se remitió el proyecto de ley al sector gremial y se prevé hacer lo propio con los transportistas, cuentapropistas y jubilados, entre otros que salieron a las calles durante el denominado ‘Paro de los nueve días’ de 2021.

“No debemos esperar a que salga la ley para manifestarnos y los sectores deben estar presenten dentro de la Comisión y la discusión, este debate se debe llevar adelante de manera pública, así como cualquier otra acción”, precisó la diputada, apuntando a la transparencia del proceso.

Añez señaló que no es la primera vez que el MAS busca insertar una ley sin socializarla con los sectores, por lo que se debe contar con controles sociales y otras organizaciones para que sigan de cerca el proyecto que “no solo ataca a las libertades físicas, sino al patrimonio de cualquier ciudadano”.

La diputada observó que cómo se va a esperar que la justicia actúe conforme al derecho y la ley en marcha, cuando hay “un Órgano Judicial que lo tienen corrompido y solo se detiene cuando alguien porta un carné de militante del MAS-IPSP”.

Figura de terrorismo

Desde la oposición también exponen que en este proyecto de ley se contempla a “personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo, aspecto que contempla la privación de libertad de 20 o 25 años, así como el decomiso de bienes a quien ejecute acciones con la intención de restringir la libertad de las personas.

Del mismo modo, se incluye a quien entregue, coloque, arroje, destruya o detone un artefacto explosivo o cualquier otro artefacto mortífero en entidades privadas y públicas. Así como también se alcanza a quien “se apodere de una aeronave” o medio de transporte terrestre mediante la violencia, amenaza o cualquier forma de intimidación.

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