“No tiene sentencia”, dice Torrez sobre juez que fue aprehendido dos veces y que juzgará a Jeanine Añez

El juez Marco Antonio Amaru Flores, aprehendido dos veces por beneficiar a reos peligrosos, determinó que Jeanine Añez sea juzgada por el caso Senkata por la vía ordinaria y no en su condición de expresidenta del Estado, medida que fue cuestionada por expertos y opositores.

Para el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exjuez William Tórrez, hay un “exceso en pensar que el MAS ha elegido a ese juez” o que hubo un direccionamiento para que Amaru fuera nombrado como responsable de llevar adelante el proceso mencionado puesto que se conoce que cada juez es designado a través de un sorteo.

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“Son sorteados de manera digital, creo en aquello, y el mecanismo aleatorio es importante para garantizar la imparcialidad. En este caso no sé si es casualidad, coincidencia o finalmente el sistema aleatorio de sorteo que ha permitido que este caso caiga en manos de este juez”, dijo Tórrez en entrevista con UNITEL..

“En la medida de que eso no sea desvirtuado, de que hubiera habido un direccionamiento mal intencionado, en todo caso, hay que creer en la imparcialidad de esta autoridad y que no ha habido ningún direccionamiento amañado”, añadió.

Sobre los procesos que enfrenta Amaru, el senador del MAS remarcó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece un principio de presunción de inocencia y eso significa que cualquier ciudadano que no tenga ninguna sentencia ejecutoriada “se presume su inocencia de modo que, en este caso, él no ha tenido ninguna sentencia y en atención a ellos, ha sido reincorporado”.

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El juez Marco Antonio Amaru Flores determinó que Jeanine Añez no sea juzgada por el caso Senkata en su condición de expresidenta del Estado sino que el proceso pase a la vía ordinaria, evitando de esta manera que el trámite pase por la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio.

La decisión fue observada por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, que calificó el fallo de Amaru como una “vulneración abierta” a la Constitución Política del Estado ya que se pasó por encima competencias establecidas para este tipo de procesos.