No hay justicia independiente, no encarcelarán a un gobernador del MAS, señala analista

En criterio del analista Paul Coca, “la justicia es servil a quien está en el poder político”. En ese contexto, considera urgente impulsar ajustes a la Constitución para lograr una reforma judicial.

Publicado: 09/01/2023 07:56
[UNITEL] / Paúl Coca, analista político

El analista Paul Coca reflexionó sobre la situación de los procesos contra autoridades departamentales como Luis Fernando Camacho y aseguró que en el país no existe independencia en la justicia y bajo esa premisa “no encarcelarán” a un gobernador que pertenezca a las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Seamos honestos, no hay Policía independiente, no hay justicia imparcial, no hay Ministerio Público neutral, eso no existe en el país y dejemos de ser ilusos”, afirmó este lunes el abogado y analista de asuntos políticos en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

En su criterio, “la justicia es servil a quien está en el poder político”.

“Por ende, vemos a Luis Fernando Camacho aprehendido en Chonchocoro, al margen de lo que se diga, por el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales, pero Evo Morales, que renunció, que se repostuló en una elección que no le correspondía, ni siquiera ha sido citado para dar el ‘buenos días’”, observó Coca.

En ese contexto, se refirió a los procesos que enfrenta el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, del MAS. La autoridad departamental es investigada por el caso de las ambulancias fantasmas y ahora por la adquisición supuestamente irregular de un vehículo.

A un gobernador de Potosí acusado de corrupción, de desfalco al pueblo potosino, por supuesto que está en una situación de libertad, aunque aparezcan nuevos hechos. No va a suceder que se vea a un gobernador del MAS que esté tras las rejas al estilo de Luis Fernando Camacho, eso es algo que todos deben entender, incluyendo la oposición”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que si se llevan a cabo las elecciones judiciales programadas para este año se va “a consolidar todo este sistema de administración de justicia y eso es algo que va a ser muy grave y fuerte para el pueblo boliviano”.

Para revertir este escenario, Coca consideró urgente varios aspectos, entre ellos una reforma constitucional para “cortar el cordón umbilical de que sea el poder político el que designa quiénes van a ser los candidatos en las elecciones judiciales”.

A ese punto se suman “una reforma judicial donde exista evaluación por competencias y evaluaciones anuales”, asignación de recursos económicos y la modernización de tecnología del sistema judicial.

“Es decir, nosotros necesitamos en la administración de justicia una reforma estructural y con la actual Constitución Política del Estado tal como lo establece no va a haber esa figura en estos próximos cinco años si es que las elecciones de este año se logran realizar”, reflexionó.

Pugnas en el MAS

Coca también se refirió a las pugnas internas en el MAS y el cruce de acusaciones entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el extitular de esa cartera Carlos Romero por la supuesta protección al narcotráfico y otros temas de orden político.

Para analista, el cruce que sostienen Del Castillo y Romero es parte de las pugnas internas que golpean al MAS en puertas del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, una ocasión para posibles cambios de ministros en el gabinete del presidente Luis Arce.

Esto es parte de una pugna interna”, sostuvo tras apuntar que este conflicto se extenderá hasta las próximas elecciones presidenciales.

Pero también observó la postura del mandatario boliviano, que a la fecha no se ha pronunciado sobre este asunto.

Tampoco el presidente Arce se anima a realizar acciones contra una exautoridad o exministro de Evo Morales porque prefieren tener todo en una situación de status quo, aunque la opinión pública parezca y diga lo contrario”, dijo Coca.

En su juicio, “además del cambio de ministros, este es un año bastante tenso para el presidente” debido a que en mesa están las “elecciones judiciales y el parlamento tiene que tomar muchas decisiones sobre las candidaturas judiciales, sobre el contralor”, pero también enfrenta la “amenaza de revocatorio”.

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