Ministro dice que las muertes en Montero deben investigarse, pero niega "participación activa" del Gobierno de Evo Morales
Eduardo del Castillo aseguró que Facundo Morales, el argentino que estuvo vinculado a las FARC y que fue encontrado en Montero no tiene relación con las muertes de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra
Publicado: 18/08/2021 07:00
El ministro de Gobierno aceptó en La Revista de Unitel que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI –Bolivia) responsabiliza tanto al gobierno de Evo Morales y de Jeanine Añez por los hechos de violencia registrado en Bolivia el 2019. Aunque aseguró que en la gestión del líder cocalero no hubo una participación activa del Gobierno, reconoció que las muertes en Montero fueron en la gestión del MAS.
“El Estado es responsable de una serie y cumulo de violaciones de derechos humanos en dos periodos distintos. En la etapa del 1 de septiembre al 10 de noviembre (en la gestión de Evo) no hemos visto una participación activa del Gobierno a diferencia del 12 de noviembre”, manifestó del Castillo.
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Al ser consultado sobre los hechos de violencia ocurridos en Montero, Del Castillo aceptó que las muertes de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra ocurrieron en la gestión de Evo Morales y que deben ser investigados por la justicia.
Según el ministro hasta la fecha no existen responsables sobre la muerte de ambas personas pues la investigación fue politizada.
“Eso obstaculizó la investigación. Le dieron un tinte político a la investigación, por eso hasta ahora no hay responsables en Montero”, señaló.
Caso Facundo Molares
El ministro aseguró que Facundo Molares, el ciudadano argentino que estuvo vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no tuvo ninguna participación en las muertes de Terrazas y Salvatierra.
“El informe de la GIEI descarta la participación en la muerte de Terrazas y de Salvatierra por parte de facundo molares. Este señor fue abatido al mediodía y las muertes fueron en la noche”, dijo Del Castillo.
La autoridad de Gobierno señaló que al investigarse al personal de salud que atendió a Molares, se vulneraron los derechos de estas personas.
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